En su discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, el presidente Javier Milei reabiró un debate histórico y áspero en el el agro: el de los cambios a la ley de semillas. El jefe del Estado dijo que enviará un régimen para garantizar el derecho de propiedad a los innovadores, probablemente en los términos estipulados en el acuerdo comercial con Estados Unidos.

“El sector agropecuario también tendrá su revolución. Estamos en condiciones de producir 300 millones de toneladas de grano, duplicando la producción actual. Para ello daremos un régimen de derecho de propiedad a los innovadores en semillas”, afirmó.

La Asociación de Semilleros Argentinos (ASA) celebró la decisión y consideró que la adhesión al convenio Upov 91 constituye “un paso decisivo para revertir un proceso que, durante décadas, fue erosionando la competitividad y la productividad del agro argentino por falta de actualización normativa y de reglas claras”.

ASA sostuvo que el Acta 1991, adoptada por 63 países, es hoy el estándar internacional en protección de obtenciones vegetales y advirtió que la Argentina continúa bajo el esquema de 1978, lo que la mantiene al margen de ese marco. “Actualizar la normativa es una condición necesaria para competir en igualdad de condiciones y potenciar la capacidad exportadora del país”, señaló.

Alerta en las entidades de la producción

En cambio, la presidenta de Federación Agraria Argentina (FAA), Andrea Sarnari, alertó sobre las “imposiciones externas” en materia de legislación sobre semillas. “Estamos a favor de modernizar la actual ley con consenso y dando incentivos a la inversión en tecnología pero nos preocupa que se nos imponga una norma internacional no decidida por nuestro país, cuando existen alternativas concretas de mejora de nuestras leyes sobre las que podemos trabajar", señaló.

Al mismo tiempo recordó la mesa de enlace trabaja junto con Aacrea y Aapresid para acordar modificaciones a la ley de semillas. “Creemos que estamos muy cerca de tener una propuesta de consenso que pueda ser aprobada por el Congreso”, dijo.

Hace unas semanas, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) mostró su preocupación por los compromisos asumidos en el marco del acuerdo recientemente firmado con Estados Unidos en relación con una eventual adhesión de la Argentina al Acta Upov 91.

“Argentina es miembro de Upov 78 desde hace más de cuatro décadas; este marco permitió el desarrollo del mejoramiento genético, la inversión en nuevas variedades y, al mismo tiempo, resguardó un principio esencial para el productor agropecuario: el uso propio”, recordó.

Y agregó que, bajo este esquema, países como Brasil y Paraguay incrementaron significativamente su producción de soja. “Entendemos que el país necesita reglas claras y previsibles que fortalezcan la propiedad intelectual en semillas y promuevan la innovación”, señaló Carbap. Sin embargo, consideró que la adhesión a Upov 91 es el camino erróneo y “no refleja lo que precisa la realidad productiva argentina”.

Explicó, en ese sentido, que el Acta 1991 restringe el uso propio, amplía los derechos del obtentor y modifica el equilibrio histórico entre quien desarrolla la tecnología y quien la adopta.

“Es necesario y posible actualizar la legislación vigente, fortaleciendo la protección a los obtentores dentro del marco de Upov 78, mejorando los mecanismos de control, registración y cobro de regalías, y aumentando la transparencia del sistema, sin alterar principios que forman parte de la cultura productiva argentina”, indicó.

Y aclaró que el debate “no debe plantearse como una falsa disyuntiva entre innovación o productores” ya que Argentina “ya cuenta con una base productiva sólida, con millones de hectáreas sembradas con variedades modernas”.

El apunte es importante porque en su discurso, Milei vinculó la falta de actualización normativa con la brecha productiva frente a Brasil. “No podemos permitir que Brasil triplique su producción de soja usando semillas con tecnología argentina, hecha por empresas argentinas, que no se pueden vender en la Argentina”, sostuvo.

Uso propio

El eje de la controversia gira en torno al uso propio, es decir, la posibilidad de que el productor reserve parte de su cosecha para volver a sembrarla. Mientras sectores productivos defienden esa potestad sin mayores restricciones, la industria semillera reclama reglas más claras para evitar abusos y asegurar el recupero de la inversión en genética.

La ley 20.247 de semilla data de 1973. Las discusiones para modificarla son históricas. En algunos momentos, como a principios de la década del 2000, la pelea por las patentes y regalías llegó a una disputa internacional con Monsanto. Durante el gobierno de Mauricio Macri se avanzó en un dictamen modificatorio en Diputados que no prosperó. Más tarde, en la gestión de Alberto Fernández, también hubo intentos de introducir cambios vinculados al pago por uso propio, sin éxito.

Milei vuelve a la carga alineándose con la industria semillera y con Estados Unidos, que introdujo la agenda en la larga lista compromisos que debe cumplir la Argentina en el acuerdo comercial firmado por ambos gobiernos.