La Federación Agraria Argentina (FAA) expresó su preocupación por el intento del gobierno nacional de avanzar en la derogación de la ley de arrendamientos rurales. La iniciativa forma parte del nuevo paquete de proyectos presentado por el Ministerio de Desregulación, que conduce Federico Sturzenegger.
Federación Agraria rechazó el plan para derogar la ley de arrendamientos
La presidenta de la entidad, Andrea Sarnari, cargó contra el proyecto que Federico Sturzenegger incluyó en su nuevo paquete desregulador. La iniciativa avanza sobre una normativa fundacional para la entidad que representa a los chacareros
Andrea Sarnari, presidenta de la Federación Agraria Argentina.
“Parece una idea salida desde la ignorancia, que no tiene en cuenta las particularidades de la producción agropecuaria y la histórica lucha de los pequeños y medianos productores para tener reglas que le permitan desarrollarse”, señaló la presidenta de la Federación Agraria Argentina (FAA), Andrea Sarnari, al portal Valor Agregado Agro.
Una ley histórica
La presidenta federada aseguró que la ley 13.246 de arrendamientos y aparcerías rurales es una consecuencia de la lucha histórica de la entidad, que en el Grito de Alcorta de 1912 se alzó precisamente contra los abusos que sufrían los chacareros arrendatarios por parte de los dueños de la tierra.
La idea de derogar esa norma y someter los contratos rurales al mismo régimen de las locaciones urbanas apareció en el borrador que adelantó el Ministerio de Desregulación con un nuevo paquete de propuestas que incluyen también el fin de los aportes obligatorios al Instituto de Promoción de Carne Vacuna Argentina (IPCVA). Esta propuesta generó también el rechazo de las entidades del agro.
La ley de arrendamientos rurales, aunque vulnerada en muchas prácticas cotidianas del negocio agropecuario, brinda estabilidad a los arrendatarios acomodando los plazos de contratación al ciclo productivo y contemplando distintas características propias del sector. “Derogarla sería un retroceso abismal porque perderíamos la especificidad de discutir los contratos en relación a nuestro modo de producir, a los ciclos biológicos, al cuidado del suelo y de la naturaleza”, dijo Sarnari, quien opinó que si bien la norma debe ser actualizada, no puede ser eliminada.
“Todo lo que hacemos en el campo está regulado y no se puede hacer desaparecer con una nueva ley, es un retroceso abismal en el modo de relacionarse con el negocio, no contempla en el cuidado del suelo y la ganadería”, señaló. Desde Federación se considera que desregular el mercado de alquileres facilita el avance de grandes actores económicos y pooles de siembra en detrimento de la agricultura familiar.
En ese sentido, el objetivo del plan no parece estar ajeno al de la modificación de la ley de tierras, que restringe la compra de superficie rural por parte de extranjeros.
Ley de tierras
La Federación Agraria también rechazó el proyecto que presentó el oficialismo en el Senado, dentro de la llamada ley de inviolabilidad de la propiedad privada.
Luego de intentar su aprobación hace algunos días, en medio del Mundial de fútbol, se postergó hasta el 6 de agosto el debate por ese proyecto. Organizaciones sociales, religiosas, partidos políticos y gremios convocaron a movilizar en todo el país contra esta iniciativa que se considera como una grave amenaza contra la soberanía nacional.
El proyecto, presentado a fines de marzo junto con los gobernadores del Consejo de Mayo, implica en los hechos una derogación encubierta de la ley de tierras sancionada en 2011, con amplio consenso. Esa norma establece un tope del 15% de territorio nacional, provincial o municipal en manos extranjeras, prohíbe que un mismo titular foráneo posea más de 1.000 hectáreas en las zonas más fértiles y veda la compra de inmuebles con cuerpos de agua de envergadura, como lagos y ríos. .
Organizaciones rurales, cooperativas, movimientos sociales, sindicales, científicos y religiosos se pronunciaron en contra del proyecto. La Coalición Federal en Defensa de la Tierra y la Multisectorial por la Tierra y la Vivienda vienen tejiendo una red de trabajo territorial que combina recolección de firmas, gestiones ante legisladores y despliegue en redes bajo la consigna: “La soberanía no se negocia”.








