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La motosierra llegó al campo: desmantelan organismos de agricultura familiar

El gobierno anuncio el cierre del instituto y el consejo nacional del sector. Alerta de la Federación Agraria
19 de marzo 2024 · 16:48hs

El plan motosierra del gobierno nacional llegó al campo. El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció el desmantelamiento de dos organismos estatales que dejará un saldo de 900 despidos. Se trata del Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, y del Consejo Nacional de Agricultura Familiar. La medida fue rechazada por la Federación Agraria Argentina (FAA), entidad que históricamente reclamó una ley de reparación histórica para ese sector vinculado directamente a la producción de alimentos.

El vocero presidencial aseguró que la decisión se tomó luego de una revisión de “datos calamitosos, profundamente desoladores” sobre ambos organismos que empleaban a 964 trabajadores, muchos de ellos técnicos especializados. Ahora quedarán 64 empleados. "Se van a reducir 900 puestos de no trabajo”, boqueó. Y señaló que “esto va a significar un ahorro de $ 9.000 millones”, subrayó al respecto.

El portavoz cuestionó que el instituto contara con 160 delegaciones y dos sedes, y que uno de cada tres empleados fueran delegados. También se quejó de que contaba con 204 vehículos y de que el 85% del presupuesto se dedicaba a pagar sueldos".

"Se transferían fondos discrecionales y actuaban organizaciones sociales y municipios”, aulló, sin dar mayores precisiones.

La agricultura familiar

El área de Agricultura Familiar nació en los años 90, cuando la desregulación económica hacia estragos en el tejido social agropecuario y desplazaba a muchísimos agricultores familiares. Primero fue como Programa Social Agropecuario (PSA) durante la gestión del secretario de entonces, Felipe Solá. Y luego como área específica dentro de Agricultura, Ganadería y Pesca, según fuera esta Secretaría o Ministerio.

Durante el gobierno de Cristina Kirchner, e impulsada por la Federación Agraria Argentina, se impulsó una ley de reparación de la agricultura familiar, campesina e Indígena, que fue sancionada. Creaba entre otras cosas el instituto que ahora quiere disolver Milei, y que recién fue puesto en marcha por Alberto Fernández a finales de 2022. Hasta el cambio de gobierno era conducido por Miguel Gómez, dirigente del Movimiento Evita.

En el gobierno de Cambiemos, entre 2015 y 2019, esta estructura se mantuvo pero se despidieron cientos de personas, se eliminó el Monotributo Social Agropecuario, y se demoró la reglamentación de la ley, de modo que nunca se conformó el Fondo de Reparación de $ 1.500 millones de pesos que debía ser utilizado por esa subsecretaría para diversos planes en favor de la comunidad de campesinos.

El área históricamente perteneció a la Secretaría de Agricultura de la Nación pero en el anterior gobierno pasó a formar parte de la Jefatura de Gabinete y ahora, en la administración de Javier Milei, fue transferida al Ministerio de Capital Humano.

Reclamo de Federación Agraria

La Federación Agraria Argentina (FAA) advirtió que “en el marco del decenio de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (AFCI) sería un error eliminar el área donde Argentina debe discutir políticas públicas específicas”. Esto es porque “los pequeños productores comprendidos en ese universo siguen necesitando del apoyo técnico, asistencia y acompañamiento de parte del Estado nacional”.

En un comunicado, la entidad recordó que transitó “muchos años de lucha para lograr la sanción de la ley de reparación histórica de la AFCI 27,118, que contempla las especificidades, necesidades y características de miles de productores familiares de nuestro país, y que a la fecha continúa sin ser efectiva, porque ninguno de los gobiernos que estuvieron a cargo desde su sanción la reglamentó íntegramente”.

“Los errores de la política, o los posibles hechos que quieren investigar, no pueden hacernos perder el foco de la discusión: si hubo errores o abusos, deben corregirse; pero no debe eliminarse el área, pues las necesidades son reales, y los productores, allí estamos”, enfatizaron los federados.

La entidad que conduce Carlos Achetoni advirtió que los agricultores familiares “no somos ni queremos ser sujetos de asistencialismo”.

“Somos productores, con una escala más pequeña, por lo que queremos seguir siendo tratados como tales, en el ámbito donde corresponde, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, respetando y haciendo efectivas las conquistas que alcanzamos con la ley 27.118, sin abusos de los políticos de turno. En el decenio de la agricultura familiar, reconocido por todos los países del mundo, como país no podemos cometer el error de dar un paso atrás”, dijo.

Hasta el año 2022 había 76.869 unidades productivas vinculadas a la agricultura familiar inscriptas en el Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios (Renspa) del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).

Del total de las 76.869 unidades productivas familiares de todo el país inscriptas en el Renspa y en el Renaf, las provincias que registran mayor cantidad son: Buenos Aires (8.810), Mendoza (8.489), Corrientes (7.327), Chaco (6.937) y Misiones (5.818).

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) lanzaron en mayo del 2019 el Decenio de las Naciones Unidas para la Agricultura Familiar y un Plan de Acción Mundial para impulsar al sector entre 2019 – 2028 y así erradicar el hambre y la pobreza.

La agricultura familiar es concebida como la producción de alimentos de todo tipo en tierras agrícolas gestionadas, explotados y con mano de obra familiar. En la Argentina, el 75% de los productores son agricultores familiares, que son responsables del 25% de la producción total del país y del trabajo del 19% del área cultivable.

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