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Agricultura familiar y alimentos: un golpe al "otro campo"

La Federación Agraria criticó el cierre del instituto de apoyo a productores chicos. Ola de críticas por la apertura de importaciones

24 de marzo 2024 · 06:15hs

El campo no es uno solo, se suele decir. Y las políticas del gobierno nacional comienzan a impactar en forma diferenciada sobre el sector. Más precisamente sobre el de la agricultura familiar, las economías y el segmento de unidades vinculadas a la producción directa de alimentos para el mercado interno.

En la semana, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció el desmantelamiento de dos organismos estatales. Se trata del Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, y del Consejo Nacional de Agricultura Familiar.

Si bien hace un mes se preveía que la producción total de granos alcance 137,6 millones de toneladas para el nuevo ciclo, la estimación se recortó a 131,1 millones.

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La medida se formalizó por medio de la Resolución 1/2024 de la Secretaría de Bioeconomía, publicada este jueves en el Boletín Oficial.

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El vocero aludió a una revisión de “datos calamitosos, profundamente desoladores” sobre ambos organismos, a la hora de justificar la decisión. No dio mayores detalles y los que puso en discusión fueron desmentidos por los trabajadores del organismo. Sobre todo, la audaz afirmación de que sobre una planta de 964 personas, muchas de ellas técnicas especializadas, había “900 puestos de no trabajo”.

El área de Agricultura Familiar fue creada en los años 90, justo cuando la desregulación desplazaba a muchísimos agricultores familiares. Su génesis fue el Programa Social Agropecuario (PSA), instrumentado durante la gestión de Felipe Solá como secretario de Agricultura. Luego se conformó como un área específica de esa cartera.

Por impulso de la Federación Agraria Argentina (FAA) y otras organizaciones vinculadas a la economía campesina, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se sancionó la ley de reparación de la agricultura familiar, campesina e indígena que, entre otras cosas, creaba el instituto que ahora quiere disolver Milei. Ese organismo fue puesto en marcha recién a fines de 2022 por Alberto Fernández y hasta el cambio de gobierno era conducido por Miguel Gómez, dirigente del Movimiento Evita.

La demora en su implementación fue una característica de la ley sancionada, que institucionalizaba un criterio de diferenciación para los sectores de la producción agropecuaria, muchas veces invisibilizada. Por caso, la norma previó la constitución de un fondo de reparación de $ 1.500 millones, que nunca se creó.

Durante el gobierno de Cambiemos, el área también fue objeto de recortes y despidos, desplegados bajo una lógica según la cual sus tareas correspondían a la asistencia social. Hay huellas de ese criterio en la decisión de Javier Milei de transferirla al Ministerio de Capital Humano.

La Federación Agraria fue una de las primeras organizaciones en criticar la medida del gobierno nacional. En el marco del decenio de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (Afci) sería un error eliminar el área donde Argentina debe discutir políticas públicas específicas”, señaló en un comunicado.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (Fida) lanzaron en mayo del 2019 el Decenio de las Naciones Unidas para la Agricultura Familiar y un Plan de Acción Mundial para erradicar el hambre y la pobreza.

La agricultura familiar es la producción de alimentos de todo tipo en tierras agrícolas gestionadas, explotados y con mano de obra familiar. En la Argentina, el 75% de los productores son agricultores familiares, que son responsables del 25% de la producción. Ocupan el 19% del área cultivable.

En el documento que difundió durante la semana, Federación Agraria recordó que luchó muchos años para lograr la sanción de la ley de reparación,que “contempla las especificidades, necesidades y características de miles de productores familiares de nuestro país”. A la fecha , la norma “continúa sin ser efectiva porque ninguno de los gobiernos que estuvieron a cargo desde su sanción la reglamentó íntegramente”, detalló.

La gremial que conduce Carlos Achetoni pidió “no perder el foco de la discusión” por “los errores de la política o los posibles hechos que quieren investigar”. El área, dijo, “no debe eliminarse, pues las necesidades son reales”. También rechazó que los agricultores familiares sean “sujetos de asistencialismo”. Los productores de escala más pequeña quieren “seguir siendo tratados como tales” y “en el ámbito donde corresponde”, que es Agricultura.

Según el Censo Nacional Agropecuario 2018, de las 732.986 personas residentes en establecimientos en unidades agropecuarias en todo el país, el 52% son familiares del productor, lo que indica que muchas familias son residentes o trabajen en sus campos.

Hasta el 2022 había 76.869 unidades productivas vinculadas a la agricultura familiar inscriptas en el Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios (Renspa).

En Santa Fe, el 35,8% de los establecimientos agropecuarios se ubica en la escala de menos de 100 hectáreas. Son 7.097 y trabajan el 3,68% de la superficie provincial, unas 349.475,1 hectáreas. Cuando el límite se lleva hasta 200 hectáreas, se cuentan 11.040 establecimientos, el 55,67% del total, que tienen el 9,82% de la superficie (931.546,3 hectáreas). En la provincia hay 51 cooperativas que trabajan 27.432,4 hectáreas. Y 10.155 explotaciones con algún tipo de asociativismo.

Ese entramado es clave en la producción de alimentos. La Mesa Agroalimentaria Argentina, al repudiar el cierre del Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, advirtió que “miles de familias campesinas en todo el país no tendrán más acompañamiento técnico para el desarrollo productivo que genera alimentos sanos, trabajo y arraigo”.

Pero el sesgo de la política nacional en referencia al sector no solo se ve en el recorte de organismos. Ya intentó avanzar a principios de año con la eliminación o vaciamiento de institutos reguladores, como el de la yerba mate. Y anunció recientemente la apertura de importaciones de alimentos.

“Será un golpe devastador para las economías regionales”, señaló en un comunicado la Cooperativa Alimentos para la Nueva Argentina, una alianza de 19 entidades de la economía social de Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires y Entre Ríos. En el documento denunciaron que fue el propio gobierno, al eliminar la ley de abastecimiento, el que allanó el camino para que “las grandes corporaciones alimenticias dicten sus propias reglas sobre los precios, desencadenando un vertiginoso proceso inflacionario”. La consecuencia fue la caída del poder adquisitivo de los salarios y de el consumo, “especialmente perjudicial para nuestras economías regionales”. En ese sentido, advirtió que la importación de alimentos, lejos de corregir las causas del problema, los va a “profundizar”. Como pasó en otros momentos históricos.

Entre los productos cuya importación será promovida a través de incentivos fiscales y financieros está la carne de cerdo. Javier Brunet, gerente de la Asociación de Productores Porcinos de Santa Fe (Apporsafe), alertó que corren riesgo muchos puestos de trabajo. “Estamos muy sorprendidos, no hay fundamentos válidos para incluir a la producción porcina dentro de la canasta de productos con la que, entendemos, se quiere disciplinar a algunos especuladores de precios”, subrayó. La carne de cerdo está 35% más barata que la vacuna.

La Sociedad Rural de Rosario también advirtió, luego de expresar sus coincidencia ideológicas con el gobierno, que “apelar a la importación para bajar los precios nos remite a historias ya conocidas, donde los beneficios inmediatos a la postre fueron un remedio calamitoso e insostenible en el largo plazo”.

“Importar bienes que en el país de origen están subsidiados, equivale a implantar un régimen de precios mentirosos, que no tiene al mercado como árbitro de los mismos, y equivale a poner a la producción nacional, no protegida ni subsidiada, en el cadalso de la muerte, con quiebras y desocupación”, agregó.

Y respecto del sector porcino, específicamente, aclaró que “ el precio en pie puesto por el productor en el frigorífico es más barato en dólares que en la región, EEUU y la UE”. Sin embargo, “el precio de venta al público no sigue la misma tendencia”.

“El eterno mal es la cadena comercial existente, ya que, al caerse la venta de la producción vacuna se ponen los precios del porcino un poco por debajo de los cortes vacunos, cuando el vacuno vale el doble”, se quejó la entidad rosarina.

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