Bases Federadas: la reestructuración del Inta encubre ajuste y negocios

Bases Federadas, el nucleamiento agrario que representa a los pequeños y medianos productores agropecuarios, se declaró en estado de alerta y movilización contra el avance del gobierno nacional sobre el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta).

La entidad denunció que detrás del decreto que suprimió la autarquía del organismo tecnológico, se encubre “un ajuste brutal, con despido de 1.500 agentes altamente calificados, cierre de agencias y la venta de más de 70.000 mil hectáreas”.

También alertó sobre el abandono de la extensión, de programas como Cambio Rural y Prohuerta, y de las líneas enteras de investigación orientadas a la agricultura familiar, economías regionales y todo lo que sea agregado de valor en origen. “Hay una clara intención de adecuar al Inta a un modelo agropecuario extractivista, primarizante, de monocultivo, hiper concentrado”, enfatizó ese espacio en un comunicado.

Dentro de los entes públicos, el Inta tiene una particularidad, que es el control social que se ejerce sobre ese organismo público a través del Consejo Directivo Nacional y cada uno de los consejos regionales. Allí, además del gobierno de turno, participan las universidades y algunas de las organizaciones rurales.

Bases Federadas recordó que, desde hace tiempo, venía proponiendo ampliar esa representación a las organizaciones de agricultura familiar, campesina e indígenas y los trabajadores del Instituto. “Además, el Inta formalmente tiene autonomía financiera, los recursos para funcionar provienen de un porcentaje de las importaciones y de una tasa de estadística de acuerdo la ley de su fundación”, señaló la entidad.

Y apuntó que, con el decreto que se acaba de publicar, y que para tener legalidad debe ser convalidado por el Senado de la Nación, se pretende eliminar ese rasgo distintivo y transformarlo en un ente centralizado, “manejado por una sola persona, designado por el poder ejecutivo”.

La entidad denunció que tras los fundamentos del decreto se encubren un ajuste brutal, la venta de 70.000 mil hectáreas y la intención de adecuar al Inta a un modelo agropecuario extractivista.

“Para ese modelo agropecuario, de exclusión, para un país donde se está importando tomate, cebollas, frutas, cerdo, se necesita un Inta mucho más chico, no un organismo tecnológico orientado a la soberanía alimentaria, a los pequeños y medianos productores, al arraigo, al agregado de valor en origen, a la defensa del medio ambiente”.

Desde Bases Federadas, llamaron a todos los diputados y senadores nacionales a no avalar con sus votos este intento de vaciamiento del Inta. “El decreto es un ataque a la producción, al conocimiento aplicado a la actividad agropecuaria que realizan miles de pequeños y medianos productores”, señalaron. Y recordaron que el Inta “no es un gasto, cada peso que el estado invierte en el instituto retorna socialmente entre cinco y once pesos, de acuerdo a estudios realizados”.