Críticas de entidades al proyecto de ley de semillas

Entidades de base de la Federación Agraria Argentina (FAA) salieron a expresarse públicamente en contra de los términos en los que se negocia el proyecto de ley de semillas en el Congreso de la Nación.

"Nos encontramos en el deber de expresarnos ante la opinión publica en general y, particularmente ante los federados y los integrantes de la cadena de semillas con quienes hace años venimos construyendo una posición clara en sostenimiento de la diversidad biológica, de la soberanía tecnológica y de defensa de los derechos de los productores, de los agricultores familiares, de los semilleros nacionales, de los multiplicadores, de los profesionales del agro e investigadores, del comercio y cooperativas", dijeron en un comunicado.

Se quejaron porque "los apurones y empujones para imponer modificaciones a la ley de semillas sólo se justifica al momento de pretender beneficiar a algunos en perjuicio del bien común".

Las objeciones. El grupo de entidades de base criticaron el dictamen que avala un grupo de diputados "con pretensiones de tratamiento en el recinto de esa Cámara", porque, de aprobarse de esa manera, se convalidará:

• La legalización del patentamiento de descubrimientos existentes en la naturaleza, cambiado el sentido de la legislación nacional de patentes y permitiendo la apropiación de la vida.

• La cesión de la autoridad nacional sobre los controles y certificados que se otorgan para la exportación de granos y subproductos a favor de las multinacionales proveedoras de biotecnología.

• La eliminación del derecho al uso propio por parte de los productores, legalizando las "regalías extendidas", un sistema de cobro privado que atenta contra el uso de semilla fiscalizada y desnaturaliza el comercio legal de semillas fomentando la "bolsa blanca".

• La pérdida de control sobre la propiedad y comercio de semillas en contramano a la ley federal 20247, a la de creación de Autoridad Especial decreto 2817/97 y ley 25.845, derogando el Orden Publico de las relaciones entre usuario y proveedor.

• El desfinanciamiento del Inase, quien al no tener autarquía tampoco contará con los recursos para realizar los controle que le exige la ley y deberá terminar tercerizándolos como se hace actualmente para asegurar a Monsanto el cobro de sus imposiciones. "Ninguna urgencia justifica semejante entrega", señalaron las entidades de base.