Los dirigentes de Federación Agraria Argentina (FAA) volvieron a la carga reclamando "respuestas urgentes" al gobierno para enfrentar "la peor sequía del último siglo" y señalaron que "mientras los productores enfrentamos solos los problemas climáticos y nos fundimos por falta de políticas contracíclicas, las multinacionales del sector especulan con la liquidación", denunciaron.
FAA cuestionó la falta de respaldo oficial para enfrentar la sequía
Además, reclamaron que en Santa Fe se extienda la declaración de emergencia agropecuaria a los departamentos que no fueron incluidos.
El último martes, en Casilda, se realizó un nuevo plenario de entidades del distrito VI de la entidad, de la que participó el presidente de FAA, Omar Príncipe, y representantes de 23 filiales, cooperativas y centros de juventud para analizar la situación provocada por la histórica sequía en la región.
Los delegados presentes analizaron que en el tramo final de la cosecha las pérdidas en maíz y soja de segunda ascienden al 60 por ciento y 80 por ciento y se compartieron datos de Inta Oliveros y Casilda que aportan información fehaciente sobre la situación en la zona, fundamental para la evaluación de los daños por parte de las autoridades provinciales y la consecuente extensión de la declaración de emergencia a los departamentos afectados.
Expresaron indignados que "mientras las cerealeras especulan importando soja como en los 90 y el gobierno les autoriza a liquidar retenciones según su conveniencia para hacer negocios multimillonarios, los chacareros nos fundimos y aún no encontramos respuestas. Tenemos que enfrentar solos los problemas climáticos y sin políticas contracíclicas", aseguraron.
También participaron del encuentro el secretario de Finanzas, Carlos Achetoni y el de Organización, Pablo Paillole; el presidente de Agricultores Federados Argentinos (AFA), Jorge Petetta y el tesorero de la entidad Eduardo Colmegna, los directores Ciriaco Fortuna, Juan Carlos Rezzonico y el delegado Daniel Bodo.
En el encuentro, los federados coincidieron en que "en la provincia de Santa Fe urge que se declare la emergencia también para los departamentos que han quedado fuera, ya que es necesaria como primer paso para que organismos tales como Afip cesen sus intimaciones por deudas a los productores afectados", pero además para que "los bancos posterguen vencimientos de créditos y refinancien, que se extiendan también los vencimientos de impuestos nacionales y provinciales", todas medidas que contempla la ley de emergencia y que son tan necesarias en esta crisis.
Los delegados presentes, evaluaron que los pequeños y medianos productores, ante las pérdidas, no podrán hacer frente a todas las deudas, incluso las contraídas para la adquisición de insumos en sus cooperativas.
De este modo y ante la siembra de trigo, "también se ve comprometida la continuidad en la explotación agropecuaria y de todas las actividades productivas y comerciales de los pueblos afectados", detallaron los federados.
Con ese escenario, los representantes de las distintas localidades dieron mandato a la FAA para que en forma urgente solicite una audiencia con el gobernador santafesino, Miguel Lifschitz, "a los efectos de interiorizarlo de la situación y solicitarle declare la emergencia agropecuaria en todo el ámbito de la provincia de Santa Fe, y continuar las gestiones ante las autoridades nacionales iniciadas en la audiencia con el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el Ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere", indicaron en Casilda.
El reclamo de FAA puntualizó el que venían realizando las cuatro entidades del agro con presencia en la provincia esta semana, cuando le reclamaron al gobierno santafesino ampliar a todo el territorio provincial la declaración de emergencia agropecuaria, ya que las semana pasada, el Ministerio de Producción estableció ese mecanismo de alivio fiscal y financiero para el 40 por ciento del territorio.
Así lo expresaron en conjunto Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (Carsfe), la Federación Agraria, la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro) y la Sociedad Rural Argentina (SRA), que argumentaron su pedido en que "habiendo pasado por inundaciones en la campaña anterior, se suma ahora una situación de fuerte sequía en los primeros meses, la más grave en 50 años.