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Intervinieron Vicentin y promueven su expropiación

La firma protagonizó uno de los default más grandes del sector y está en concurso. Fernández dijo que es para salvarla de la quiebra.

Sábado 13 de Junio de 2020

El gobierno nacional decretó el lunes la intervención de la empresa agroexportadora santafesina Vicentin, que en febrero se presentó en concurso de acreedores por una deuda de casi u$s 1.400 millones con productores, acopiadores, corredores, bancos nacionales y extranjeros y organismos fiscales. El jefe del Estado destacó que se trata de un rescate para garantizar tanto la continuidad de la empresa y los puestos de trabajo, así como el cobro de los acreedores. Anticipó, además, que enviará al Congreso un proyecto de ley para declarar la empresa de utilidad pública y expropiarla.

Fernández explicó que los activos del grupo pasarán a ser parte de un grupo fiduciario que estará a cargo de YPF Agro, la unidad de agronegocios de la petrolera estatal. Al frente de la intervención estará Gabriel Delgado, un respetado economista que actualmente se desempeña en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) y que fue secretario de Agricultura durante el último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

Explicó que se trata de “una operación de rescate” de una empresa que está en concurso preventivo de acreedores, y corre riesgo de ir a la quiebra. La intervención permitirá “su continuidad” y llevará “tranquilidad a sus trabajadores y a unos 3.000 productores que tendrán a quien seguir vendiéndole su producción”.

El anuncio se realizó en forma sorpresiva en la Residencia de Olivos. Fernández, quien estuvo acompañado por el ministro de Desarrollo productivo, Matías Kulfas, la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti y el propio Delgado. Curiosamente, pese a que se trata de la mayor compañía santafesina y que en la provincia se encuentra la mayor cantidad de acreedores comerciales, no hubo representantes de Santa Fe en la presentación.

Sin embargo, el gobernador Omar Perotti dijo que “acompañaba el proceso”, mientras que el senador nacional Roberto Mirabella, uno de los dirigentes más allegados al mandatario, respaldó la medida porque “la empresa iba camino a la quiebra e iba a tener un enorme impacto en la economía de Santa Fe”. El legislador también dijo que el presidente y el jefe provincial venían trabajando en la búsqueda de una solución. En cambio, el ministro de Producción de la provincia, Daniel Costamagna, respaldó la intervención de la compañía pero no su expropiación.

Además de salvar a los productores del efecto que provocaría una quiebra de Vicentin, Fernández resaltó que la intervención y eventual expropiación le permitirá al Estado tener “una empresa testigo en el mercado de cereales para una planificación estratégica y a partir de allí poder referenciar al mercado alimentario”.

Busca para eso “aprovechar la capacidad de gerenciamiento de YPF”, una empresa que, precisamente, fue nacionalizada a principios de la década. YPF Agro, desde su creación en 2012, es una de las empresas agropecuarias de mayor crecimiento. Había tenido ya conversaciones con los dueños de Vicentin.

Luego de haber protagonizado una alocada carrera de endeudamiento con el Banco Nación y de apalancamiento con granos de los productores, durante el peor año de la crisis financiera desatada en abril de 2018, Vicentin anunció a principios de diciembre pasado que suspendía el pago a proveedores y acreedores en general por “estrés financiero”. Unos 45 días después presentó la primera propuesta de pago, que fue mayoritariamente rechazada.

El 10 de febrero pasado, la empresa solicitó la apertura de su concurso preventivo. Se verificaron deudas por más u$s 1.350 millones, de las cuales unas u$s 350 millones corresponden a productores, acopios, cooperativas y empresas del sector agrícola que le vendieron granos e insumos. Otros u$s 350 millones, aproximadamente, corresponden al pasivo acumulado con el Banco Nación Argentina. Pero la firma también debe a otros bancos oficiales, como el Bapro y el Ciudad, y entidades que son agentes financieras de provincias, como el NBSF y el Bersa. También hay bancos poderosos del exterior, holandeses, norteamericanos y japoneses haciendo fila para cobrar. La Afip reclama mil millones de pesos y también hay acreedores que figuran como accionistas o empresas vinculadas a la agroexportadora.

“Queremos que la empresa siga funcionando, que los trabajadores mantengan sus puestos de trabajo y que los pequeños productores puedan seguir vendiéndole lo que producen”, subrayó el presidente.

El decreto presidencial establece “la intervención transitoria” por dos meses, “con el fin de asegurar la continuidad de las actividades de la empresa, la conservación de los puestos de trabajo y la preservación de sus activos y patrimonio”. La norma menciona como objeto de intervención a Vicentin Saic, un conglomerado que cuenta con una veintena de empresas vinculadas que, además de las operaciones de molienda, incluye la participación en Renova, el frigorífico Fiar, la Algodonera Avellaneda, la planta de jugo concentrado de uva en San Juan, acopio y exportación de miel (Promiel) y producción ganadera, entre otras. También tiene empresas vinculadas en Uruguay, San Pablo, Asunción y Europa.

Pero el proyecto de ley que la declara de utilidad pública y propone su expropiación, que será debatido en el Congreso nacional, incluye exclusivamente a los activos vinculados con el procesamiento de soja y girasol y elaboración de biodiesel. Esto abarca las plantas de San Lorenzo, Ricardone y Avellaneda, así como la fábrica de biocombustible de San Lorenzo y la molienda de Timbúes que pertenecen a Renova, empresa que tiene en sociedad (ahora minoritaria) con Glencore.

El decreto establece que todas las medidas dispuestas por el gobierno nacional serán informadas al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, 2ª Nominación de la ciudad de Reconquista.

De hecho, la percepción sobre la falta de avances en ese tribunal para asegurar el cobro de las deudas motivó la inquietud de muchos de los casi 2 mil acreedores verificados respecto de recuperar su plata. El efecto de una quiebra en la cadena de pagos sería imprevisible. Por eso, más allá de los posicionamientos políticos, la medida presidencial fue recibida con cierto alivio.

El miércoles, Fernández afirmó que “no se podría perdonar ver de brazos cruzados cómo la empresa Vicentin se cae y los trabajadores se quedan sin trabajo”. Y contó que tuvo “una muy buena charla con Sergio Nardelli, uno de los dueños de Vicentin”, a quien le dijo que se busca “preservar la empresa en manos argentinas y rescatarla de la quiebra, lo cual no debería ser motivo de pelea”.

Historias diferentes

De hecho, en la región hay numerosos casos en la historia sobre desmembramiento, remates y liquidaciones de bancos y empresas importantes de la región, por la inacción o la acción deliberada de las autoridades. El Banco Integrado Departamental es un ejemplo. Pero en forma más reciente, la crisis de Sancor se resolvió durante el gobierno de Mauricio Macri con un fuerte ajuste y con el desguace de la empresa a través de la venta de activos a grupos empresarios, como el mismo Vicentin. La fábrica de llantas Mefro Wheels directamente fue abandonada. La refinería San Lorenzo quedó reducida a un puerto. En ese sentido, la agroexportadora de Avellaneda tuvo suerte ya que recibió asistencia financiera del Nación hasta pocos días antes de que entrara en cesación de pagos con los productores y luego de cuatro meses sin pagarle a la entidad.

La Sociedad Rural Argentina y Confederaciones Rurales Argentina (CRA) rechazaron la intervención y el proyecto de expropiación. El presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), Carlos Achetoni, en cambio, consideró que ahora los productores que son acreedores de Vicentin tienen perspectivas de cobrar.

El ex dirigente federado Pedro Peretti aclaró que “la estatización de Vicentin ya la hicieron Javier González Fraga, ex titular del Banco Nación, y la familia Nardelli, cuando le dejaron el muerto a la entidad financiera pública”. Y señaló que la importancia de una empresa testigo e en el mercado de granos es que permite transparentar los números de un negocio algo opaco.

El economista rosarino Sergio Arelovich explicó que el sentido de la intervención es unificar la defensa de los intereses del Estado en el marco del concurso, ya que no sólo el principal acreedor es el Banco Nación ($ 18 mil millones), sino que también están en la fila otros bancos públicos y la Afip.

Arelovich instó a las autoridades a auscultar las operaciones con el exterior y las empresas vinculadas. En su primer informe, la comisión de seguimiento de las causas judiciales y del concurso de Vicentin apuntaron, por ejemplo, a la fecha de registro de Vicentin Saic Uruguay en el listado de sociedades anónimas del Banco Central oriental. La firma estaba constituida desde 2004 pero su registración en ese organismo se realizó recién a inicios de 2019. Fue en el “momento previo a la operatoria de prefinanciación de exportaciones entre Vicentin Saic y Vicentin Saic Uruguay, que generó el incumplimiento de la deuda con el Banco Nación”, indicaron. También recoge una denuncia presentada en mayo ante la fiscalía criminal número 3 de Asunción por delitos de lavado contra Vicentin Paraguay.

“La compleja trama societaria, la existencia de empresas controladas en el extranjero, obliga a desplazar el argumento empresario que vincula la crisis con lo que denominan estrés financiero”, subrayaron.

Destacaron también que, entre 2002 y 2015, la deuda de Vicentin con el Nación pasó de u$s 30 millones a u$s 150 millones. Y en los últimos cuatro años, se endeudó por u$s 150 millones.

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