Un fiscal pidió ayer un "estudio comparativo" de las últimas declaraciones juradas presentadas como funcionario público por el actual presidente, Mauricio Macri, en el marco de la causa en la que es investigado por los denominados Panamá Papers.
Panamá Papers: piden peritar las declaraciones juradas de Macri
La medida fue solicitada por el fiscal federal Federico Delgado al juez Sebastián Casanello, quien se encuentra en Suiza gestionando información para otra causa, la que involucra al empresario patagónico Lázaro Báez.
El agente del Ministerio Público reclamó la realización de un "estudio comparativo" de las declaraciones juradas presentadas entre 2013 y 2015 por Macri, tanto ante la Oficina Anticorrupción (OA) y ante los organismos de control de la ciudad de Buenos Aires.
Días atrás, uno de los denunciantes en la causa, el diputado del Frente para la Victoria Norman Darío Martínez, indicó que entre las supuestas inconsistencias de la declaración jurada de Macri figura un terreno ubicado en la ciudad bonaerense de Tandil.
Cuestión de metros. Según el legislador, Macri declaró en 2013 un terreno sin especificar dimensiones, en 2014 señaló que tenía unos cinco millones de metros cuadrados y en 2015, 51 millones de metros cuadrados. El fiscal propuso que el informe sea elaborado por profesionales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
"Necesariamente hay que convocar a expertos que realicen un informe comparativo de las declaraciones juradas, sorteando los problemas metodológicos derivados de las diferencias estructurales que hay entre el sistema local y el federal —dijo—. Tras esa tarea recién será posible ingresar en la otra discusión que propone el denunciante. Esto es, la que tiene que ver con valuaciones de inmuebles, porcentaje y valor de acciones, bienes en el exterior".
El dictamen subraya que la investigación apunta "a demostrar si Macri cometió el delito de omisión maliciosa de bienes al no presentar en su declaración jurada el supuestamente ser director de las firmas Fleg Trading LTD, radicada en las islas Bahamas, y Kagemusha, de Panamá".
Junto a un cuadro explicativo que revela las relaciones de Fleg y Kagemusha con otras personas jurídicas, Delgado señaló que la segunda parte de la pesquisa "se vincula con determinar si la «vida social» de las empresas infringió algún tipo penal y, en ese caso, si Macri tuvo que ver con la puesta en movimiento de ese comportamiento societal", más allá de las "aclaraciones públicas sobre ello".