Violencia, inseguridad y Justicia

La sociedad argentina tiene un mal muy grave que la afecta. Hoy día la violencia parece ser el parámetro indicador de cualquier conducta, incidencia o acción, aunque sean insignificantes o de poca importancia. Todos o casi todos los hechos o acciones pasan casi ineludiblemente por un acto violento como generador. Pareciera no existir el pensamiento serio o reflexivo, mirándoselo en última instancia como un acto cobarde o sin contenido.

La violencia es generadora de inseguridad, porque todos los hechos violentos tienen ineludiblemente ese efecto. Las acciones violentas nos perturban y además estremece a la seguridad, que debería ser la regla natural de convivencia.

Nuestros actos o impulsos violentos son el fiel reflejo de lo que nos ocurre en otros ámbitos o lugares. El mayor y más conocido es la calle, donde la violencia parece instalada desde hace tiempo y tiene directa incidencia en cada uno de nosotros.

En este lugar la incapacidad de respeto hacia el otro genera diversas incidencias que solo parecieran detenerse ante aquellos hechos más violentos aún; es decir, ante aquellas acciones que provienen del delito. Existe como una transmisión corporativa, desde la calle a nuestros propios hogares. En otras palabras, somos víctimas de una violencia callejera que nos afecta y agrede, y de manera espontánea reaccionamos cuando las circunstancias no habilitan de forma alguna una actitud agresiva. El contagio es evidente;el dolor social se transforma en enojo y el enojo en violencia.

Hoy la calle es el ámbito territorial de una violencia aún mayor, la delictiva, que tiene efecto real y manifiesto en la inseguridad pública.

En este ámbito la explicación aparece clara: el delito se viene imponiendo en ese territorio desde hace tiempo. El narcotráfico, el robo en banda o asociación ilícita, los delitos relacionados con la prostitución, juego, la trata de personas etcétera, se encuentran perfectamente organizados. Existen pocos delitos que no tengan organicidad, porque la rapidez, el lograr un resultado y su impunidad, convalidan necesariamente una acción violenta, y además por que su imposición hace al mantenimiento en el tiempo de la actividad delictiva.

Hoy casi todas las conductas delictivas son de ese estilo y provocan hechos absolutamente dolorosos y desgarradores. Como contrapartida, el delincuente individual solo trata de actuar para asirse de dinero u objetos que necesita, o sostener algún tipo de adicción. En este caso también las acciones suelen ser violentas aún cuando el objeto a sustraer no merezca lesionar a otro, y menos aún quitar la vida.

Es por ello que el Estado no debe dejar de prevenir. Es la primera acción de enfrentamiento contra el delito. Hoy esta responsabildad no es discutida y existe en todas las democracias del mundo.

Es prioritario y necesario disputar palmo a palmo el lugar físico de actuación del delito, la calle, porque cuando el Estado no las ocupa el delito es su propietario. Debe haber un esfuerzo mancomunado en hacer prevención, y eso se logra con una presencia física de fuerzas de seguridad en el lugar donde está el riesgo. Esto, que parece una verdad de perogrullo, indica que la visualización de personal de seguridad en dichos lugares pone en duda cualquier aventura delictiva. Hoy no existe otra manera de actuación ante la magnitud del problema. Las demás circunstancias que generan delincuencia (exclusión, pobreza, falta de medios básicos de subsistencia, ausencia de centros de salud, fallas en la educación), que son importantes y necesarias, no deben hacer ceder en su urgencia a este objetivo prioritario e insoslayable: la presencia policial que brinde seguridad.

Las fuerzas policiales deben tener un adecuado control político, que debe ser el encargado de signar las pautas de actuación. Deberían tener como únicos principios rectores la honestidad y el servicio, pautas que parecen difíciles de alcanzar pero que no son imposibles si hay control constante sobre ellos.

Toda esta tarea además debe ser absolutamente controlada por un organismo extra-poder que debe investigar y proponer las bajas y altas del personal de seguridad cuyas conductas deban ser juzgadas, sin ninguna intervención ni influencia de terceros ni de sus pares.

Es necesario decir que la sociedad tiene un concepto negativo de la Justicia, porque no observa resultados de quienes deberían resguardar los avasallamientos de la delincuencia. Es por ello que se habla de un morigerado abanico de condenas y de un "garantismo" estigmatizado y obsoleto donde los derechos de las víctimas quedan relegados por los derechos de los delincuentes.

El concepto mismo tiene una doble concepción. Por un lado, y en el plano jurídico, ser garantista significa acordar en un proceso los derechos que le corresponden a todas las partes, imputado y víctimas, demandantes y demandados, para que un juicio se resuelva de conformidad a la ley vigente; y por el otro, el más popular, el que entiende la gente común, es el que refiere al sistema penal y al hecho de otorgar con blandura y facilidad acotadas penas y/o salidas de condenados anteponiendo la libertad en el proceso como regla absoluta, sin importar el daño causado por estos con sus delitos.

Resulta difícil explicar y menos convencer en el dolor, ante una realidad que nos golpea la cara. El ámbito de actuación de la justicia está dado cuando el hecho sucede, es decir que el tiempo de actuación es posterior al hecho. La inseguridad no tiene a la Justicia como primer eslabón de actuación, simplemente porque no es su trabajo, pero en el itinerario del delito debe responder la justicia en los términos y plazos que corresponden, ayudando para que la inseguridad vaya también reduciendo su riesgo. Una adecuada labor de la justicia ayuda necesariamente a la mentada pacificación.

La Justicia, en especial la penal, debe a la sociedad desde hace tiempo una respuesta responsable. Las etapas de la historia han marcado diferentes actuaciones de la Justicia, que van desde la represión -con el aumento de penas del Código Penal- hasta la más frívola liberalidad de actuación jurisdiccional. Esto ha generado un accionar errático y contradictorio de la justicia, y con el tiempo diferentes hechos delictivos se fueron replicando precisamente por estas decisiones basadas únicamente en una libertad discrecional.

La Justicia debe ser tenida en cuenta siempre, pero con una mayor y adecuada estructura generada en el presupuesto del propio Estado. De lo contrario seguiremos oscilando entre estas etapas, que esconden, por diferentes razones, el verdadero valor de este poder tan necesario a todos. De contar con esta apoyatura se podría medir también adecuadamente el verdadero rol del juez, que debe expresarse no solo por su honestidad y conocimiento sino también por su valentía y equilibrio, a los fines de adecuar la correcta aplicabilidad de la ley, sin perder de vista el contexto social en que su decisión se produce.

La ciudadanía no debe perder de vista el verdadero valor de la Justicia, aunque ahora se halle resentida y menoscabada, porque es el único brazo con que cuenta para asirse y sostenerse , en especial cuando los derechos aparecen conculcados y deben ser restablecidos. Mantener una justicia pobre e insignificante por parte de un Estado resulta ser un castigo a sus propios ciudadanos, quienes se ve privados de resguardar elementales principios que les pertenecen.

Decía con justa razón Simón Bolívar: "La justicia es la reina de las virtudes republicanas y con ella se sostiene la igualdad y la libertad". Por ello creo que es nuestro deber ciudadano sostenerla aún en la crítica, y en estos tiempos violentos.

Los derechos de las mujeres. Son el 51 por ciento de la población, pero no tienen igual participación en la distribución de poder.