Política económica

Establecen un registro de exportación de carne

El gobierno busca contener la escalada de precios y para eso verificará que las empresas que vendan proteínas animales al exterior cumplan con requisitos de solvencia y respeten los acuerdos de precios

Sábado 17 de Abril de 2021

El gobierno nacional decidió esta semana implementar un registro de exportaciones de carnes —algo que ya está vigente para la exportación de cereales y oleaginosas— para verificar que las empresas que vendan proteína animal al exterior cumplan con requisitos de solvencia, trayectoria o que tienen garantías de que operan el mercado, y que, respeten los precios.

La decisión se tomó en el marco de una aceleración inflacionaria en el primer trimestre del año, especialmente marzo donde el IPC llegó al 4,8%. Muchas de las subas estuvieron encabezadas por los alimentos, especialmente productos que la Argentina exporta.

Esta sistema de declaración jurada permitirá al gobierno monitorear la exportación de carnes y hacer un seguimiento de la relación entre precios declarados en el despacho de la mercadería y el arribo a destino para evitar que se declaren precios inferiores a los que efectivamente se venden la mercadería, es decir, su subfacturación.

Tanto el Ministerio de Desarrollo Productivo, como la Afip y el Banco Central, detectaron maniobras tanto de subfacturaciones como de especulación “que generan problemas en los precios y retacean las divisas de la exportación que son necesarias para impulsar la actividad”, señalaron fuentes oficiales. De todas formas, sostuvieron que estos registros “no son los ROE rojo”, en referencia a los Registros de Operaciones de Exportación de carne que funcionaron entre 2006 y 2017 y que establecían límites para la exportación.

Por otra parte, la idea oficial es extender hasta fin de año el acuerdo de precios para cinco cortes de carnes, aunque se está trabajando para cambiar dos de ellos.

El anunció fue rechazado por las entidades de la mesa de enlace. En un comunicado manifestaron “su más absoluto rechazo” y consideraron que son “medidas intervencionistas, que ya se implementaron en el pasado con resultados contraproducentes para la producción, la actividad y el empleo”.

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