El rol del Estado en el comercio granario

El sector agroindustrial argentino es sin duda uno de los más dinámicos de la economía nacional, con un nivel relevante en la participación en el PBI total, en la generación de divisas provenientes de la exportación de materias primas y en las manufacturas de su origen, del aporte fiscal no solo originado en éstas sino en la carga tributaria en general que soporta y la contribución social en la generación de empleo.

Dentro de este sector, el complejo agroindustrial granario tiene una superlativa importancia y hace un aporte fundamental en las variables citadas con una tendencia, hasta algunas campañas atrás, de permanente desarrollo.

Si bien el Estado ha intervenido en el comercio granario desde larga data, no sólo en Argentina sino también en los principales mercados competidores (Canadá, Australia, la Unión Europea, e incluso en los Estados Unidos) y demandantes de materias primas, esta actitud, fundamentada en un marco político-económico mundial diferente, está en claro retroceso y sólo se mantienen algunos pocos casos, controvertidos por cierto.

Se debe contemplar, a diferencia de lo observado en gran parte de las últimas décadas, la participación de un Estado ágil y eficiente, que fiscalice y controle la operatoria de la cadena granaria, pero que no intervenga en forma irracional y discrecional, generando regulaciones que limitan y entorpecen la operatoria comercial de la misma, con el consecuente incremento en el “costo argentino” de comercialización, y, por ende, con el deterioro de la rentabilidad del sector productivo.

A diferencia de nuestra historia, prácticamente del último siglo, desde la crisis de los años 30’ hasta la actualidad, nos hemos debatido pendularmente entre un mercado libre, mixto y estatizado, lo cual fue restando credibilidad no solo en los diferentes eslabones de toda la cadena granaria local, sino en nuestro principales clientes del mundo.

Es imprescindible mantener una libertad de comercio, independizando los conceptos de abastecimiento interno de los de comercialización granaria. Ello debe realizarse de forma tal que se asegure en forma prioritaria, a través de programas específicos, la “mesa de los argentinos”, sin por ello generar distorsiones en el mercado de exportación (cierre de exportaciones, cupos, etc.), que en definitiva redundan en una caída en los precios internos al productor y le restan incentivos para continuar con el desarrollo sostenido del sector.

Hoy en día resulta normal escuchar el concepto de “desacoplar” los precios internacionales de los locales a fin de evitar fluctuaciones en los precios internos. ¿Es así? En un marco de una fuerte imposición, en especial en materia de derechos de exportación y diferencial de tipo de cambio, ¿se puede esperar un mayor desacople?

Basta con analizar el comportamiento de los precios FOB de exportación y sus equivalentes internos o FAS para observar el amplio margen que existen, distorsionando fuertemente las relaciones entre ambos, que solo deberían ser dadas por los costos de poner la mercadería en condiciones de ser embarcada.

En la actualidad, el productor agrícola argentino solo recibe el 35% del precio de exportación de la soja (en dólares libres), en tanto que en maíz y soja la relación solo asciende al 44%.

Respecto al impacto del incremento de los precios de los commodities en el precio del producto final en góndola (pan, aves, etc.), existen estudios muy serios que muestran que la incidencia de la materia prima sobre el mismo es marginal y en la mayoría de los casos no supera el 10/15%.

Como aporte adicional, sería de interés disponer de mecanismos anticíclicos, orientados a reducir el impacto de la volatilidad de los precios internacionales.

Se podría generar un fondo con un porcentaje específico de las retenciones, que se vería incrementado en los años de precios internacionales por encima de determinado nivel que le asegure una cierta rentabilidad al productor, para luego, en coyunturas con precios más deprimidos, compensar tales caídas.

Este mecanismo estabilizador, administrado por el sector privado y monitoreado por el Estado, no impactaría en el nivel de precios final interno de los commodities, ya que al estilo de otras experiencias mundiales (Canadá), se distribuiría al cierre del ciclo, sin impactar en los índices de precios, ni, por ende, en la inflación.

Es necesario un Estado fortalecido en cuanto a los aspectos relacionados al apoyo crediticio-financiero, manteniendo una estructura tributaria coherente con las metas de crecimiento fijadas, en un marco de reglas de juego claras para todos los agentes que intervienen en el mercado.

Un Estado que reglamente y controle el comercio interior y exterior, que promueva y colabore en la apertura de nuevos mercados, que entienda en la celebración de acuerdos marco de intercambio, y que realice una estricta fiscalización y control del comercio granario.

Las funciones específicas de fiscalización y control del comercio, que otrora las cumplían los Organismos disueltos hacia inicios de los años 90’ (Junta Nacional de Granos, Carnes, etc.), exceptuando el manejo de los elevadores portuarios y el comercio exterior propiamente dicho, fueron asumidas por la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA) que se creó en 1991 para ser disuelta en febrero de 2011 (esta semana se cumplieron 10 años de su disolución) , en un marco de un sinnúmero de irregularidades, para ser recreada posteriormente y seguir vigente con sus funciones hasta la actualidad.

Como se cita en sus objetivos, este Organismo debe garantizar el cumplimiento de las normas comerciales por parte de los operadores que participan del mercado de ganados, carnes, granos y lácteos, a fin de asegurar transparencia y equidad en el desarrollo del sector agroalimentario en todo el territorio nacional.

En otro orden, resulta oportuno que el Estado coadyuve a la defensa de la competencia, generando la información y los estudios necesarios, y realizando la difusión y capacitación de los mismos, a fin de proveer de herramientas válidas a todos los integrantes de la cadena, colaborando así en los procesos de toma de decisiones.

Toda tarea de promoción y apertura de nuevos mercados, mostrando las bondades de nuestra producción, no sólo en materias primas sino en los distintos productos de la cadena agroindustrial, sin duda es una tarea que el Estado debe impulsar, en forma conjunta con el sector privado.

El ejemplo más claro son las asociaciones de productores de los Estados Unidos de productos como el maíz o la soja, quienes, en forma conjunta con el Estado que los asiste financieramente, realizan campañas de promoción de sus granos. Algo similar se da en otros países, como Canadá y Australia, que promocionan las calidades de sus granos a través de organismos específicos para tal fin.

Finalmente, una potestad indelegable del Estado es velar por los aspectos sanitarios de nuestros productos para el consumo local y la exportación, dictando las normas necesarias que permitan un seguimiento de la calidad y sanidad de la producción agropecuaria.

En síntesis, luego de décadas de políticas agrícolas que se debatieron entre el intervencionismo extremo y la liberación masiva de los mercados, resulta imprescindible contar con una política integral y equilibrada, con la claridad y continuidad que permitan alcanzar un crecimiento sostenido de la producción, posicionando nuevamente a Argentina como uno de los principales proveedores confiable de alimentos de calidad, para un mundo con cada día mayor avidez por los mismos.

(*) Lic. Gustavo López – Director de Agritrend SA – Autor del libro ¿Vamos al Grano? El Rol del Estado en el comercio granario argentino.