Economías regionales en alerta por el plan Milei

Más allá del beneficio que significó la devaluación para los complejos agroalimentarios ligados a la exportación, las primeras medidas del presidente Javier Milei comienzan a despertar reacciones diferenciadas en las distintas regiones del país. En las últimas semanas se alzaron voces de funcionarios y empresarios de los sectores de la pesca, el azúcar y los biocombustibles contra diferentes puntos del megadecreto y del proyecto de ley ómnibus que impulsó el gobierno.

Los gobernadores de provincias patagónicas rechazaron en bloque las modificaciones a la actividad pesquera planteadas en el proyecto de ley enviado al Congreso por el gobierno nacional para su tratamiento en el período de sesiones extraordinarias.

Para los mandatarios, de llevarse a cabo, “afectarían gravemente la economía nacional y el desarrollo de la actividad pesquera, abriendo el acceso del Mar Argentino a buques extranjeros”.

Las críticas fueron expresadas en un comunicado conjunto de los gobernadores de Chubut, Ignacio Torres; de Río Negro, Alberto Weretilneck; de Santa Cruz, Claudio Vidal; de Tierra del Fuego, Gustavo Melella; y de Neuquén, Rolando Figueroa.

Los tres ejes principales de preocupación para las autoridades patagónicas son: la modificatoria en la obligatoriedad de descarga en los puertos argentinos; la competencia desigual en los cupos de captura; y, finalmente, la eliminación de la obligatoriedad de contratar personal de nacionalidad argentina.

Tras las críticas, el ministro del Interior, Guillermo Francos, se reunió con Torres, gobernador chubutense. Al término de la reunión dijo que se realizarán “clarificaciones” a los artículos que se refieren a la actividad pesquera.

El Centro Azucarero Argentino (CAA), por su parte, advirtió que el proyecto de ley ómnibus enviado al Congreso por el gobierno nacional contiene “dos iniciativas que ponen en riesgo de subsistencia a la principal actividad productiva del Noroeste Argentino”. Una es la derogación de la ley 25.715, que protege la producción y del mercado interno frente a “fluctuaciones severas de los precios en el mercado mundial, donde representamos menos del 1% y no tenemos ninguna incidencia”, señalaron desde esa entidad.

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También cuestionaron la modificación que se impulsa de la ley de biocombustibles, que rompe un régimen vigente hasta el año 2030.

Entre los cambios que impulsa el proyecto, se destaca la libre importación de bioetanol para su mezcla con naftas; la habilitación a las petroleras para producirlo y autoabastecerse o comprarlo a precio libre), la eliminación de la participación equilibrada en el abastecimiento por parte de las elaboradoras de bioetanol y facultad otorgada a la autoridad a reducir el porcentaje de mezcla del 12% con una simple decisión administrativa”.

En el mismo sentido se orienta la preocupación de las provincias de la Región Centro (Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos), que llevarán su preocupación al secretario de Energía de la Nación.

El ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Gustavo Puccini, indicó que el corte obligatorio hoy está fijado por ley y con la nueva normativa pasaría a la potestad del Ejecutivo decidir en qué porcentaje y cuándo hacerlo. “Eso representa una preocupación porque puede quedar en un nivel mínimo o reducirlo y para nosotros es una señal de alerta”, dijo.

Además de habilitar la posibilidad de importar biocombustibles, la iniciativa oficial le abre el juego a las petroleras. “Eso sería realmente gravoso”, agregó el ministro santafesino quien reconoció que ni siquiera las industrias aceiteras grandes pueden competir con las petroleras.

Para Puccini, “si avanza la ley va a destruir nuestra producción y la de toda la región, como es el caso de las provincias de Córdoba y Entre Ríos”. Desde el gobierno provincial la intención va más allá y consiste en “defender una economía o una marca santafesina que es toda esta industria que genera valor agregado, empleo y equilibrio medioambiental”.

Otra preocupación en este sentido está vinculada con la carga impositiva hacia la actividad contemplada en la nueva ley ómnibus. “Hoy no existe y se fijaría un impuesto para el biodiesel”, dijo.

Por otro lado, según un informe de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), las producciones de carne ovina, de vinos y de semillas se encuentran entre los sectores donde más impactará el aumento de los derechos de exportación (DEX) o retenciones propuesto por el Gobierno en el proyecto de ley “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”.

“El nuevo esquema introduce nuevas distorsiones y generará problemas para los productores, menor inversión y empleo, y más concentración de la producción” agropecuaria y de economías regionales, manifestaron los dirigentes ruralistas.