FAA cuestionó la derogación de la ley de tierras

Las entidades que representan al sector agropecuario manifestaron mayoritariamente su preocupación o incluso desacuerdo con el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/2023 que dispuso el gobierno de Javier Milei denominado “plan de desregulación económica”, al considerar no sólo que afecta muchas a producciones sino además contiene iniciativas que deberían ser debatidas por el Congreso.

Retomando las ideas que le dieron origen, la Federación Agraria Argentina (FAA) criticó la derogación de la ley de tierras contenida en el DNU, en particular “la apertura irrestricta de la compra de tierras por parte de extranjeros en nuestro país. Sin límites, ponemos en riesgo la supervivencia de los productores y la soberanía de nuestros recursos naturales”, sostuvo la entidad.

“Con el pretexto de atraer inversiones, es necesario recordar que durante 21 años desde el sector agropecuario hemos aportado casi u$s 200.000 millones en concepto de retenciones, que fueron la herramienta que provocó la desinversión y la desaparición de miles de pequeños y medianos productores”, indicó FAA y agregó que “si nos sacaran las retenciones estaríamos en condiciones de generar las inversiones que tanto anhela el gobierno y espera de parte de los extranjeros”, concluyó el comunicado frente a un gobierno que en lugar de eliminar los derechos de exportación, esta semana anunció que elevaría las alícuotas para cereales, girasol y carne al 15%.

También desde FAA rechazaron la metodología del DNU para avanzar en este tipo de decisiones. “Ratificamos nuestro compromiso republicano y por eso creemos que es fundamental el respeto irrestricto a la división de poderes, así como el saludable funcionamiento del sistema de frenos y contrapesos que prevé nuestra Constitución Nacional”, indicó

En tanto, el presidente de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), Carlos Fiochetta, dijo que “a golpe de ojo” no debería tener un impacto importante en el sector vitivinícola el DNU que plantea derogar tres leyes que regulan "excesivamente" la actividad. En cambio, Gustavo Samper, de la Cámara Vitivinícola de San Juan, expresó que en el sector “hay mucha incertidumbre” por cómo impactará. “Hay varias leyes que abordan la temática del vino, y no sabemos bien a cuál de todas tienen que ver con el vino se refiere”, comentó. Con la derogación de la ley de política vitivinícola nacional, se le quitaría parte del poder de policía que tiene el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), afirmó uno de los ministros del gobernador Alfredo Cornejo a Mendoza Post. Las medidas comprendidas en el DNU no tienen que ver con las retenciones a las exportaciones que tienen que pagar el sector que, según se informó, será de 8% luego de estar casi tres meses en un 0%.

Al respecto, desde Bodegas de Argentina manifestaron hoy su “preocupación” por la anunciada restauración de las retenciones a los productos del sector ya que “aplicar derechos de exportación al vino, cualquiera sea su valor, tornan al negocio inviable y genera impacto socio económico negativo”.

Pero además, con la medida, el gobierno de Milei quitó al Instituto Nacional de Yerba Mate (INYM) la facultad de poder acordar un precio de la materia prima de forma semestral intermediando entre los productores y la industria, al modificar los objetivos y atribuciones del organismo. El DNU derogó el inciso “r” del artículo 4º de la ley 25.564 que sustenta la existencia del instituto, en lo que respecta a su papel como mediador entre las partes para acordar un precio de la materia prima cada seis meses. También modificó los objetivos del instituto mismo, que de ahora en más deberá estar destinado a “promover y fortalecer el desarrollo de la producción, elaboración, industrialización, comercialización y consumo de la yerba mate y derivados en sus diferentes modalidades de consumo y usos, procurando proteger el carácter competitivo de la industria”.

Además, el DNU derogó la ley 18.770 de régimen de entregas de azúcar para consumo en el mercado interno, la ley 12.916 que crea la Corporación Nacional de Olivicultura, la ley 18.859 de envases nuevos y de único uso para productos destinados a la alimentación del ganado y la ley 19.990 de regulación de la actividad algodonera, la cual regulaba “todas las actividades relacionadas con el cultivo, desmote, comercialización e industrialización del algodón, con excepción de aquéllas expresamente contempladas en la legislación laboral, previsional y crediticia y en los regímenes de promoción industrial”.

A diferencia de lo que planteó Federación Agraria, la Sociedad Rural _que también integra con FAA la mesa de enlace_ expresó otra posición respecto al DNU. El presidente de SRA, Nicolás Pino consideró “beneficioso” que la medida dispuesta por Milei establezca “sacar trabas a las exportaciones”.

“No veo que haya ningún tipo de beneficios para el campo en sí, aunque veo beneficioso que habló de desburocratización, sacar trabas a las exportaciones”, marcó Pino y añadió que “más que un beneficio productivo, va a ser un beneficio para poder desarrollar nuestro laburo”.

En su artículo 142, el documento publicado en el Boletín Oficial propone sustituir el artículo 609 de la ley 22.415 (Código Aduanero) y sus modificatorias por uno que señale que “el Poder Ejecutivo Nacional no podrá establecer prohibiciones ni restricciones a las exportaciones o importaciones por motivos económicos”, aclarando que “sólo se podrán realizar por ley”.