El futuro de la industria del biodiesel en Santa Fe quedó empantanado en el fangoso terreno en el que se discute el proyecto de ley ómnibus de desregulación económica que envió el presidente Javier Milei al Congreso. En medio de escándalos y denuncias, con textos que cambian enloquecidamente, el gobierno provincial decidió impulsar, junto a otros cinco distritos productores, una iniciativa propia que garantice el corte obligatorio pero preservando la segmentación del mercado entre pymes y grandes jugadores a los efectos del abastecimiento en el mercado interno.
El biodiesel quedó entrampado en el pantano de la ley ómnibus
Las idas y vueltas en torno del dictamen de mayoría dejaron disconformes a todos los sectores. El plan de la provincia. Pymes
versus integradas
30 de enero 2024 · 06:15hs
Biodiesel. La avanzada del gobierno contra el actual régimen abrió un debate que terminó con fuertes cruces.
La discusión arrancó con una propuesta de cambio profundo en el actual régimen de promoción de la industria de biocombustibles. El primer texto enviado por el Poder Ejecutivo prácticamente liquidaba al sector, sobre todo al segmento pyme, al establecer la libre competencia con las grande firmas, la eliminación del piso de corte obligatorio con gasoil, el ingreso de las petroleras y la posibilidad de importar. Luego, a instancias de las empresas y las provincias productoras, se negociaron cambios.
El gobierno nacional envió una nueva versión, que recogió algunas de esas observaciones. Por ejemplo, garantiza un piso de mezcla obligatoria de biodiesel con gasoil, que se eleva al 10% cuando se apruebe la nueva ley, al 11% el año próximo y al 12,5% a partir de 2026.
Desde ese piso, y en un plazo de no menos de tres años tras la aprobación del nuevo régimen, el gobierno propondría al Congreso elevar el corte al 15%.
En ese punto, podrían entrar al negocio las empresas petroleras, por el volumen excedente de esa tasa y con un tope del 15%. Además, por 18 años las mezclas deberán producirse en plantas argentinas. También estableció un techo de precio al “import parity”.
Uno de los puntos más controversiales, desde el punto de vista de este sector, tiene que ver con la liberación del mercado de abastecimiento interno. “Más allá de algunos compromisos genéricos de asegurar el equilibrio y los múltiples proveedores, se necesita que se reconozca que en esta industria hay dos segmentos bien diferenciados: el de las pymes y el de las grandes empresas integradas (aceiteras y productoras de biocombustibles) que son las que tienen la materia prima”, señalaron desde Casfer, la cámara santafesina que las agrupa.
El proyecto de ley ómnibus elimina los cupos y precios regulados que el actual régimen otorga a las pymes. En cambio, abre la competencia entre grandes, chicas, integradas y exportadoras, a través de un sistema único de licitaciones.
El único límite es que nadie se quede con más del 14% del total del volumen en cada compulsa y que no se adjudiquen más volumen que su capacidad instaladas. En el sector consideraron que, tal como estaba redactada esta nueva versión, es “inviable” para las pymes.
Hasta última hora del acuerdo que permitió un dictamen para discutir el proyecto de ley ómnibus en el recinto de Diputados, estas consideraciones estuvieron en negociación. Y entonces se picó de nuevo. El diputado nacional Carlos Gutiérrez (Hacemos por Nuestro País-Córdoba) denunció que se realizaron modificaciones al texto acordado. Una de ellas incluyó el reciclado de plástico (derivado de hidrocarburos) como parte del sector de biocombustibles. “Nos encontramos con que se realizaron cambios que nadie sabe ni quién ni cómo se hicieron”.
En este contexto, el gobierno de Santa Fe, junto a las provincias bioenergéticas de Córdoba, Entre Ríos, Tucumán, Salta y Jujuy presentó un proyecto alternativo.
La secretaria de Energía de la provincia, Verónica Geese, sintetizó que se busca fomentar la competitividad y el equilibrio entre pymes y grandes empresas productoras, acompañando el proceso de desregulación que alienta el gobierno nacional. “El proyecto impulsa la existencia de dos segmentos, uno de las no integradas, que son las empresas que no son dueños del aceite; estamos hablando de pymes. Y en el otro, las integradas, que son las dueñas del aceite”, señaló la funcionaria.
La propuesta es que haya licitaciones separadas. El 6,5% del corte del 10% lo licitarían las no integradas y pymes, entre sí; y el otro 3,5 % las integradas o grandes aceiteras, entre ellas. Lo se crezca en el corte, es decir, cuando se pase del 10%, se va a licitar entre todas las empresas, ya sin distinción de tamaños y sin otros segmentos.
La Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio), que agrupa a las integradas, respaldó en general el proyecto de Milei aunque propuso sus propios cambios. Uno, es llevar el corte obligatorio al 15% en 2026. Otro pasa por limitar “el mercado intervenido” al 5% del corte obligatorio. Esto “en virtud que al día de la fecha el abastecimiento de empresas no integradas (las únicas autorizadas en los últimos 15 años a participar) está por debajo de ese porcentaje”. Más allá de esta postura, enfatizan que su programa es la liberación total del mercado interno.
Muchas empresas pymes se crearon a partir del fomento que se dio a la industria desde mediados de los 2000, pero cuando se bajó el corte, el sector, principalmente las pymes, se vieron comprometidas.
Santa Fe tiene 19 plantas de elaboración de biodiesel, que representa el 82% de la producción nacional, y que generan empleo y valor agregado en origen.