El juez federal Claudio Bonadio encabezó ayer un allanamiento a las oficinas centrales del Grupo Indalo, del empresario Cristóbal López, en el marco de la causa Los Sauces, que investiga supuestos retornos a través del alquiler de inmuebles a la empresa de la cual son titulares Cristina y Máximo Kirchner.
Bonadio allanó oficinas de Cristóbal López
En busca de evidencias para la causa Los Sauces, que investiga supuestos "retornos" través del alquiler de inmuebles a empresas de los Kirchner
10 de junio 2016 · 00:00hs
En total se realizaron tres operativos, uno en las oficinas de Indalo (en avenida Córdoba 657), otro en el edificio Madero Center y el último en la calle Ingeniero Butty, ambas en Puerto Madero.
El Grupo Indalo concentra empresas de los rubros petrolero, periodístico, construcción y agropecuario, entre otros.
Fuentes judiciales informaron que el allanamiento en la empresa de Cristóbal López fue efectuado por personal de la Policía Metropolitana por orden de Bonadio y el fiscal Carlos Rívolo, en la causa donde se investiga a la ex presidenta por supuesto cohecho.
El allanamiento fue dispuesto para buscar avales de los alquileres de las firmas Alcalis de Patagonia e Inversora M&S, propiedad de López, a inmuebles de Los Sauces SA, de la que son titulares Cristina, Máximo y, en un pequeño porcentaje, Florencia Kirchner.
En esas oficinas, los efectivos secuestraron una PC, una notebook y una orden de notificación de pago de alquiler entre Osvaldo San Felice, socio de Máximo Kirchner y representante de Los Sauces, y Fabián de Sousa, ex socio de López.
Días atrás, el fiscal Rívolo amplió la imputación contra la ex mandataria por cohecho, tras una presentación de la diputada nacional del GEN Margarita Stolbizer.
La investigación apunta a determinar si los alquileres de inmuebles de Los Sauces que pagaron Cristóbal López y Lázaro Báez fueron una suerte de retornos por haber sido privilegiados con la concesión de obra pública durante el gobierno kirchnerista.
Enriquecimiento ilícito. Inicialmente, la diputada del GEN había denunciado por enriquecimiento ilícito y falsificación de documento público a la ex mandataria y a su hijo Máximo, acusaciones por las que el fiscal los había imputado.
En su nueva presentación, Stolbizer sostuvo que a través de los alquileres los empresarios vinculados al kirchnerismo pagaban "sumas millonarias" como sobornos a cambio de la adjudicación de obras estatales o la evasión de impuestos.
Obra pública. Respecto a Báez, la denuncia sostiene que fueron un total de 51 obras públicas que recibió de manos del gobierno, que representan un valor de más de 16.386 millones de pesos, y que "sólo se han finalizado 24": una de ellas fue la construcción de la ruta provincial 47, que une la ruta 3 con Puerto Deseado, "la más cara del mundo", según Stolbizer.
López está acusado de retener ocho mil millones de pesos que debía pagar de impuesto a la transferencia de combustibles, por cada litro de combustible que vendía a través de su red de estaciones de servicio de la marca Oil.
Se sospecha que los alquileres que pagaba a los Kirchner por departamentos que supuestamente no usaba eran un modo de retribuirles sus servicios por no demandarle el cobro de deudas impositivas.
La diputada acusó, a la vez, que la empresa M&S, de Cristóbal López, abonó la locación de varias cocheras del Edificio Madero Center, ubicado en Juana Manso entre T. Guevara y Macacha Güemes en 2014, en la Capital Federal, por 27.500 dólares.
Jorge Chueco, el abogado vinculado al detenido Lázaro Báez que está procesado con prisión preventiva junto al empresario santacruceño en el marco de una causa por supuesto lavado de dinero, pidió ayer a la Cámara Federal su excarcelación y prometió que "no repetirá ninguna actitud suicida".
Según fuentes judiciales, Chueco habló en una audiencia privada con los jueces de la Sala Dos, Eduardo Farah, Horacio Cattani y Martín Irurzun, los cuáles habían recibido el lunes pasado en un trámite semejante al propio Báez. Además, Chueco reiteró que en su escapada primero a Misiones y luego a Paraguay no trató de fugar de la Justicia sino que intentó quitarse la vida, pero aseguró que si lo liberan "no repetirá ninguna actitud suicida producto de la locura que lo llevó a ello".
Chueco está acusado de una supuesta maniobra de lavado de 33 millones de dólares repatriados desde Suiza a cuentas bancarias de Austral Construcciones, la empresa de los Báez.