El campo se agita por el regreso de las retenciones

"Bronca. Falta de confianza. Retroceso. Traición". En esos términos se expresaron esta semana los referentes del sector agropecuario para definir lo que puede interpretaron como una ruptura del contrato político con el gobierno de Mauricio Macri, tras la decisión oficial reimponer las retenciones a la exportación de productos agropecuarios, un gravamen que había producido una las tensiones sectoriales más grandes de los últimios tiempos cuando el campo se enfrentó con la administración de Cristina Fernández de Kirchner y paralizó el país durante casi cuatro meses en el año 2008.

"Esto rompe definitivamente la palabra empeñada por el presidente de la República, en reuniones privadas y anuncios públicos en donde sostuvo la calificación de pésimo impuesto y regresión tributaria. Sin embargo a la fecha se han vuelto a instrumentar", dijo un comunicado emitido por Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), entidad que preside Dardo Chiesa el cual señaló que "él que traiciona la confianza una vez, la puede traicionar siempre".

El fuerte posicionamiento de una entidad que respaldó y acompañó las políticas del macrismo fueron la expresión que se replicó en otros sectores del campo que ya venían advirtiendo no sólo sobre la crisis de rentabilidad de las producciones tradicionales, sino esencialmente por la crítica situación de las economías regionales por efecto de la inflación, la caída del consumo y las altas tasas de interés.

La Federación Agraria Argentina (FAA), señaló que la decisión de reinstalar las retenciones para todos los productos primarias e industriales "afectan directamente a los pequeños y medianos productores, mucho más a los de menor escala" y volvió a reiterar la necesidad de "no poner a todo el campo en la misma bolsa".

Pero además de considerarlo un retroceso, el titular de FAA, Omar Príncipe, hizo foco en una cuestión clave: la distribución de estos impuestos. Mientras antes los derechos de exportación se distribuían parcialmente entre las provincias _y éstas entre municipios y comunas_ a través del Fondo Federal Solidario (fondo sojero), ahora la Nación eliminó esta herramienta de coparticipación con asignación específica para obras y se apropiará de estos recursos que irán a paliar el déficit fiscal generado por los abultados intereses de la deuda. "Pareciera que es para pagar los intereses al Fondo Monetario Internacional", agregó Príncipe.

La decisión de reintalar las retenciones fue parte de un paquete de medidas que anunció a principio de esta semana el presidente Macri y detalló el ahora ministro de Economía, Nicolás Dujovne, en medio de una imparable crisis cambiaria. Entre ellas también se incluyó la reducción del número de ministerios, dejando al que corresponde al sector agropecuario en el rango de secretaría de Agroindustria.

El impacto fiscal. Dujovne precisó que con esta medida el Estado nacional lograría una recaudación adicional de 68 mil millones de pesos en lo que resta de 2018 y de 280 mil millones de pesos en 2019. Y según los detalles publicados en el Boletín Oficial, los derechos de ventas al exterior son de 4 pesos por dólar para las exportaciones primarias y de 3 pesos por dólar para el resto de las exportaciones.

La reglamentación de las medidas también generó un nuevo punto de fricción, al que ya venían teniendo, con la agroindustria, ya que la medida considera a la harina y al aceite de soja, como productos primarios y no industrializados, que deberán pagar el gravamen más alto.

El decreto estableció que "hasta el 31 de diciembre de 2020, regirá un derecho de exportación del 12 por ciento a la exportación para consumo de todas las mercaderías comprendidas en las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM)". Establece que "ese derecho de exportación establecido en el artículo 1º no podrá exceder de $ 4 por cada dólar estadounidense del valor imponible o del precio oficial FOB, según corresponda".

También que "para las mercaderías comprendidas en las posiciones arancelarias de la NCM detalladas en el Anexo I que forma parte de este decreto, ese límite será de $ 3 por cada dólar estadounidense del valor imponible o del precio oficial FOB, según corresponda", se informó.

Pero además, detalló que "en el caso de mercaderías cuya exportación ya está gravada, el derecho de exportación establecido en el artículo 1º será adicionado a los derechos de exportación vigentes, incluyendo los establecidos en el artículo 3º de este decreto".

De este modo, el presidente de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), Carlos Ianizotto, calculó que la combinación de baja de retención pero a la vez de un gravamen de 4 pesos por cada dólar exportado, ubicaría a los derechos de exportación final a la soja en el 28 por ciento y para el maíz del 10 por ciento, haciendo el cálculo sobre un dólar de 40 pesos.

De todos modos, como se trata de un gravamen fijo cualquier movimiento del tipo de cambio lo neutraliza. Esa fue la justificación que sin eufemismos esgrimió la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, para dejar tranquilo al sector agropecuario. "El impacto de estas medidas se licuará. Son 4 pesos por cada dólar, con lo cual la inflación te lo devalúa", dijo la dirigente.

La 125 al revés. Es, en rigor, un esquema de retenciones móviles que opera a la inversa de la resolución 125, que elevaba la alícuota con la suba de la cotización de los granos, valuados en dólares, porque al estar fijada en pesos cuando los precios de los productos suben el impuesto se reduce para beneficio de los sectores que tienen sus ingresos en divisa norteamericana.

"Nadie duda que estemos en una crisis profunda de hondas raíces históricas desde el punto de vista, social, cultural y económico, sin visión de conjunto y con una persistencia patológica en reciclar conductas económicas cuyos resultados están marcados por la historia", sostuvo el documento de CRA.

También resaltó que "en diciembre del 2015 dejamos afortunadamente atrás la década desperdiciada e inauguramos un ciclo de esperanza en el que el campo ofreció, a cambio de reglas claras, un aumento considerable de todas sus producciones internas, muchas de ellas con récords históricos", agregó recordando el respaldo del campo al macrismo.

"Paralelamente no se quiso o no se supo achicar el tamaño del Estado y se fomentó un crecimiento del gasto público a límites en que se hizo verdaderamente insostenible", analizó CRA y agregó que "ello se financió con deuda y cuando los mercados dejaron de prestar dinero, nos dimos de frente con la realidad, por eso que nadie se haga el distraído, esta crisis se anunciaba, aún desde dentro mismo de figuras centrales del gobierno", cuestionó.

"Como siempre, sin reparar las profundas diferencias que ofrece el sector productivo en su interior, se decidió reimplantar etenciones a todos, sin calibrar, si la fruta arrastra una debilidad estructural no recompuesta, o la lana requiere recuperar el 50 por ciento de su stock perdido o que entre el productor de soja de Salta y el de Santa Fe, existe un abismo de costos", añadió la entidad.

En la provincia el nuevo impuesto implicará una "extracción" de casi 40 mil millones de pesos de la actividad privada santafesina, sin contar la recaudación por derechos de exportación a la soja y derivados, según estimó esta semana el ministro de Economía, Gonzalo Saglione.

Aunque el gobierno nacional anunció que la medida es de carácter "transitorio" que regirán entre 2019 y 2020, desde las entidades descreen de esta temporalidad. "En Argentina cuando ponen un impuesto es difícil pensar que lo vayan a sacar", se sinceró Príncipe esta semana.

La Sociedad Rural Argentina (SRA) buscó evitar la confrontación directa con el gobierno al que respaldó desde el inicio de la gestión, pero no pudo esquivar el malestar que esta medida generó entre sus productores adheridos. El presidente de la entidad, Daniel Pelegrina, dijo que el campo espera que el nuevo esquema de retenciones tenga un plazo de solo dos años como prometió el gobierno y advirtió que estos impuestos "distraen la capacidad de generar nuevos empleos".╠

Pellegrina analizó que el gobierno de Mauricio Macri decidió "reinstalar un esquema de retenciones" sobre las exportaciones porque la Argentina hoy necesita aumentar la cantidad de dólares que ingresan y revertir la deficitaria balanza comercial y llamó a los productores a "mantener la tranquilidad" dado que si el país no les ofrece un contexto macroeconómico equilibrado, tampoco estarán las condiciones para producir.

El empresario agropecuario dijo que el campo va a aportar "alrededor de un tercio" del "esfuerzo" que el gobierno de Mauricio Macri le pide a los sectores productivos aplicándoles derechos de exportación. "Y bueno... lo vivimos con dolor, no? El agro viene con dos cosechas récord y ha revertido la curva de caída del stock bovino nacional, con un 60 por ciento más de exportaciones de carne", dijo el presidente de la Rural para autoconvencerse de la medida.

la exportación adelantó. Este romance del gobierno con el campo dejó al descubierto, con esta medida, a hijos y entenados. Aunque el sector agroexportador cuestionó la decisión de que no se incluyeran a los subproductos _industrializados en el polo de crushing más grande América latina_ también tuvieron el guiño del entonces Ministerio de Agroindustria de mantener abierto el registro de Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) por un par de días, cuando era un secreto a voces que era inminente una suba de retenciones.

Esta decisión permitió que las agroexportadoras declararan de imprevisto ventas por más de 8,5 millones de toneladas, equivalentes a unos 2.250 millones de dólares.

Las empresas que controlan las exportaciones agrícolas de la Argentina se apresuraron el viernes de la semana pasada a declarar sus ventas con las retenciones vigentes en soja (25,5 por ciento) y con cero por ciento en trigo y maíz.

Esta estrategia derivó en una denuncia penal realizada en Buenos Aires por el abogado Marcelo Parrillil, contra el ex ministro de Agroindustria de la Nación, Luis Miguel Etchevehere y a las cerealeras por el delito de "tentativa defraudación a la administración pública".

Le reclamó a la Justicia el allanamiento del esa cartera _ahora convertida en secretaría_ el secuestro de documentación y una medida cautelar para que no se eluda el pago de las retenciones correspondientes.

Un informe elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (Cepa), señaló que entre los grupos económicos más beneficiados fueron nueve empresas agroindustriales, que lograron ahorrar 1.933 millones de pesos al realizar declaraciones entre los días 30 y 31 de agosto, previos al anuncio oficial y antes del cierre del registro de DJVE que se realizó el lunes.

Según ese mismo relevamiento, Aceitera General Deheza (propietaria de T6), que registró 60 mil toneladas de trigo, 400 mil de maíz y 16 mil de subproductos de girasol y se ahorró casi 282 millones de pesos en derechos de exportación. Forman parte de esa grilla también Oleginosa Moreno Hnos (propietaria junto a Vicentín de Renova en Timbúes) que anotó 10.500 toneladas de trigo, 173 mil toneladas de maíz y 24 mil de subproductos de girasol y se ahorró el pago de 195,5 millones de pesos. Además anotaron anticipadamente exportaciones de los tres productos: Bunge, ADM Agro (ex AC Toepfer), la de capitales chinos Cofco International, Cargill, LDC, Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) y Amaggi Argentina.

Estos cambios forzados por la agudización de la crisis sumó incertidumbre al mercado granario. La primera reacción se plasmó el lunes cuando el disponible de granos de la Bolsa de Comercio de Rosario estuvo inactivo y sin precios. "No hubo cotización de ningún producto por la alta incertidumbre", dijeron los operadores de esa plaza que esperaban ver plasmadas en el Boletín Oficial las resoluciones anunciadas por el ministro.

Aunque la especulación también se apoderó de esa plaza y las ventas comenzaron a retacearse, especulando con una nueva depreciación del peso que le saque presión a las nuevas imposiciones.

Para despejar cualquier suspicacia, que en el año 2008 les costó tener que realizar el pago de las retenciones al valor real al momento del embarque, esta semana la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), que representan a las empresas del complejo agroexportador, anunciaron que las empresas exportadoras, de manera individual, se presentarán voluntaria y espontáneamente ante todos los organismos de control competentes, con toda la documentación necesaria para acreditar que esas operaciones se hicieron en el marco de las normas vigentes.

Las medidas también dejaron en off side a los propios aliados dentro de Cambiemos. El jefe del interbloque de Diputados de esa alianza, Mario Negri, aseguró que está "en contra de las retenciones", reconoció "la bronca" del sector agropecuario, pero aclaró que la medida adoptada por el gobierno "es inevitable" ante la inestabilidad de la moneda.

El legislador cordobés indicó que comprende "la bronca que hay en el sector" agropecuario, respecto a una de las medidas anunciadas por el presidente Mauricio Macri como paliativo de la emergencia económica.