Omar Príncipe: "Si estábamos mal, ahora estamos peor"

Izando una bandera histórica de la entidad, Federación Agraria Argentina (FAA) sale al cruce de la discusión sobre las retenciones a las exportaciones agropecuarias, con su propuesta de segmentación que entienden tiene una "rasgo de progresividad" y vuelve a instalar otra de las consignas federadas que plantea que "no todo el campo es lo mismo".

"Los eslabones más débiles son los que necesitan la quita de retenciones porque el impacto que están sufriendo viene de varios frentes: del aumento de tarifas que impacta sobre los productores que generan valor agregado", dijo el presidente de la entidad, Omar Príncipe, pero también sumó a ese cóctel de aumento de tasas de interés y la inflación, que generó un incremento del 25% en el nivel de endeudamiento de este sector en este último año.

"Si antes estábamos mal, ahora estamos peor", sentenció Príncipe y pronosticó que para el sector productivo "lo peor aún no pasó".

Aunque la entidad se sumó a cuanta mesa de competitividad y convocatoria hubo durante la gestión macrista, y reconocen esta disposición oficial al diálogo, entienden que los resultados no se ven. En cambio, alertan sobre la profundización de un proceso de concentración en grandes grupos nacionales o productores de gran escala que, como en el caso del sector agrícola o incluso en cadenas como la porcina, se quedan con el negocio de los más chicos que venden porciones de su tierra o cierran sus criaderos por falta de recursos o para pagar deudas que vienen arrastrando.

El dirigente federado también aseguró que cuando se asegura que la devaluación beneficia al campo, desde la entidad reiteran que no hay un solo campo. "Mostramos el nivel de endeudamiento de los pequeños y medianos productores y hacemos saber que muchos de ellos también son productores de cerdo, de leche, de economías regionales que dependen del mercado interno. El 80% de lo que producen va allí. De modo que, si ese mercado interno está debilitado y además el productor tiene que hacer frente a aumentos de tarifas, inflación e importaciones, su situación de cara a los próximos meses es más conflictiva, de mayor crisis", aseguró.

- El Ministerio de Agroindustria manifestó una disputa con el ministro de Hacienda Dujovne por el tema de las retenciones ¿cómo lo ve?

- Hay una contradicción muy clara dentro del mismo gobierno y aparece con el tema de cambiar el esquema de retenciones a la soja, de frenar la rebaja y cobrarle al trigo y al maíz. Es contradictorio con lo que se hizo cuando asumió. Federación Agraria viene desde hace tiempo pidiendo la quita de retenciones. . Se lo planteamos el 27 de marzo, en una audiencia que tuvimos con el jefe de Gabinete Marcos Peña. Pedimos la quita de retenciones para el pequeño y mediano productor, también que la Afip postergue las intimaciones que estaban haciendo. Fue a fines de marzo, cuando aún estábamos en época de plena crisis por la sequía. Le planteamos que los productores estaban en emergencia no sólo climática, sino económica, financiera y productiva y le explicábamos por qué. Pedíamos freno de intimaciones, postergación del pago de impuestos nacionales, rebaja de tasas de interés y financiamiento a largo plazo y además por el tema de las tarifas. Parece que fue un siglo atrás y fue en marzo. Luego vino la devaluación, la corrida cambiaria, y las tasas de interés al 40%. Entonces, si antes estábamos mal, ahora estamos peor.

- Reclaman una quita de retenciones para todos o a los pequeños y medianos productores?

- Nosotros pedimos un esquema de segmentación. Así fue el documento que elevó el consejo directivo de la entidad el miércoles pasado. Es nuestra propuesta histórica. Sabemos que se puede hacer, claramente tiene este rasgo de progresividad, donde los eslabones más débiles son los que necesitan la quita de retenciones porque el impacto que están sufriendo viene de varios factores a la vez. El aumento de tarifas tiene un impacto enorme en los productores que generan valor agregado. Por ejemplo, los tambos reciben boletas de la luz de 25 mil pesos y es inviable que así sigan ordeñando. O las economías regionales que necesitan, por ejemplo, el agua del pozo para regar, o el sector de cría de pollos, los criaderos de cerdos.

- ¿Cómo los está afectando la suba de tasas?

- Nosotros insistimos en que una tasa del 40% es un negocio fenomenal para la timba financiera, pero no para el sector productivo. Es totalmente inviable producir, financiarse o refinanciarse.

- ¿Esto complica el arranque de la campaña fina? ¿Se arrastra mucha deuda de la campaña gruesa?

-Cuando el gobierno entra en las contradicciones que mencioné le contestamos que se confunde a la opinión pública. En plena corrida cambiaria salió la diputada (Elisa) Carrió a decirle al campo que liquide la soja. Nosotros le dijimos que mejor les hable a los exportadores que son los que liquidan y los que especulan y los que tienen la soja en este momento en su poder. Señalamos que además es contradictorio que un gobierno que saca reglamentaciones para que los exportadores no tengan la obligación de liquidar en forma inmediata la soja, después les pida que liquiden rápidamente. Además, los premia con resoluciones que les permiten importar soja de Estados Unidos, cuando no está ni siquiera autorizada por el Senasa en la Argentina. Los pequeños y medianos productores tenemos un relevamiento sectorial en base a números de todas nuestras cooperativas que nos muestran que este año se llegó con un nivel de deuda mucho más alto, un 25% por encima de los años 2016 y 2017. Es decir, nuestros productores aumentaron 25% su nivel de deuda. A eso hay que sumarle que el 80% de la soja o el maíz que cosechamos está vendido o está comprometido en canje. Son números directos de nuestras cooperativas. Esto quiere decir que ese grano está comprometido en canje dolarizado, con lo cual, debemos en moneda soja y si la soja sube de precio, o sube el dólar, también sube nuestra deuda. Solamente queda en manos de productores o cooperativa un 20%, en algunos casos un 17%. Ese porcentaje de granos es lo que el chacarero va a tener que usar para pagar la salud, educación, ponerle gasoil a su tractor en los próximos meses y aun así no le alcanza para un nuevo año productivo, por lo tanto, va a tener que endeudarse. Por eso estamos muy preocupados por la tasa de interés. Y, además, la gran mayoría de los pequeños y medianos productores no somos sujetos de crédito. Entonces recurrimos a las cooperativas, que son las que nos financian. Pero también le quitamos capital de financiamiento y giro. O sea que es una situación bastante complicada. A eso hay que sumarle que es un año donde el factor climático influyó. Se habla de que la pérdida a nivel nacional es de 7.000 millones de dólares, pero eso distribuido en los productores en algunos casos tiene un impacto más grande. Hay quienes tuvieron una merma por sequía y ahora por soja dañada que llegan a tener pérdidas de entre el 50 y el 70% de su cosecha.

- El presidente Macri en Expoagro anunció una batería de créditos a través del Banco Nación ¿Esa promesa se cumplió?

-Las líneas de crédito que se lanzaron y nosotros veníamos solicitando, eran a 5 años con uno de gracia, con tasa subsidiada. Entonces las tasas estaban en un 23% antes de la corrida, pero ahora se fueron por encima del 40%. La tasa subsidiada del Ministerio de Agroindustria está cerca de los 1.000 millones de pesos, la verdad que es insignificante frente a la cantidad de productores que hay con emergencia. O sea que esa respuesta es muy débil. Y además se dio otra situación que no ayudó y fue que las provincias del centro (Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires), fueron muy reacias a declarar la emergencia en la totalidad del territorio. Eso causó mucho retraso porque los productores no tienen el acceso a la declaración jurada porque su zona, su ciudad o departamento no entró en emergencia y por más que exista algún crédito, el banco pide ese certificado que el productor no tiene. Por eso me parece que en esta instancia las provincias no han actuado con la rapidez y la necesidad que los productores están teniendo. Me parece que no se ha trabajado bien.

- ¿Eso es deliberado?

No sé si es deliberado, o si responde a una estrategia nacional. Pero creo que la responsabilidad es de las provincias -que están más en contacto y conocen la realidad de los productores- en declarar la emergencia en todos los distritos. Los intendentes saben bien cuál es el vecino o chacarero que tuvo pérdidas o quien cosechó normalmente.

- En Santa Fe ¿Cómo es la relación con la nueva gestión al frente del Ministerio de Producción?

- Notamos la diferencia con la gestión anterior. Creo que a esto hay que optimizarlo y mejorarlo mucho. Me parece que tiene que tener mayor contacto con las organizaciones de productores. En este caso de la emergencia es muy válida la articulación con ellas. Digo esto con fundamento. Participé de reuniones y recibí a intendentes que vienen a pedir que la Federación Agraria interceda para que su localidad entre en emergencia.

- ¿Como están viendo la situación de los pequeños y medianos productores de cara a la próxima campaña?

- Me parece que lo peor no pasó para el sistema productivo. Observando la devaluación, muchos dicen que el primer beneficiado es el campo. Ahí nosotros mostramos el nivel de endeudamiento de los pequeños y medianos productores. Muchos de ellos también son productores de cerdo, de leche, de economías regionales que dependen del mercado interno. El 80% de lo que producen va allí. De modo que, si ese mercado interno está debilitado y además el productor tiene que hacer frente a aumentos de tarifas, inflación e importaciones, me parece que lo que se viene en los próximos meses es una situación más conflictiva, de mayor crisis para el sector productivo. El arreglo con el FMI, como ocurrió históricamente no es bueno para la Argentina, porque pide más ajuste fiscal que llega de la mano de medidas que representan un ajuste para un sector de la sociedad que son los trabajadores, las pymes comerciales e industriales y los pequeños y medianos productores, que somos los que pagamos los impuestos acá en Argentina, corremos el riesgo en nuestro país, mientras hay otros sectores a los que se les asegura la rentabilidad, como el sistema financiero, bancario y algunas empresas de servicios a las que se les garantiza una rentabilidad extraordinaria. El modelo del FMI hace eje en el déficit fiscal, pero nadie habla del déficit comercial y como achicarlo, porque si lo hiciéramos ahí tenemos una gran posibilidad de aumentar los dólares que ingresan al país, que es lo que se necesita. Pero esto también tiene que haber un modelo no sólo productivo sino también de inclusión social, que me parece este gobierno no está dispuesto a encarar.

- Se habla de similitudes con el modelo de los 90, ¿ven señales similares a ese proceso en el sector agropecuario?

- El proceso de la década del 90 tuvo la particularidad de que provocó la desaparición de 100 mil productores y no fue solo un discurso sino algo real. Se habla de una década, de un modelo económico en diez años que llevo a eso. Ahora estamos a poco más de dos años de este modelo y ya se empiezan a ver esas situaciones. Lo vemos en productores pequeños que hasta hace uno o dos años atrás trabajaban su pequeña chacra y en esta campaña _arrancó en menor medida la campaña pasada_ van a dejar de hacerlo y alquilan su tierra. Lo hacen porque no tienen el capital para trabajar esas 50 u 80 hectáreas. Eso es absorbido no por pooles tan enormes como en los 90 pero sí por pooles más regionales, productores de más tamaño. También estamos viendo, por ejemplo, nos pasó en Alcorta, productores de la FAA que nos dicen que venden 18 o 20 hectáreas. Es algo que está pasando, la venta de lotes pequeños para pagar la deuda. Porque el productor no quiere que le pase lo que le paso al vecino o a la familia en los 90 cuando perdió todo. Vemos ese proceso de concentración que es mucho más grave y evidente en producciones como las de cerdos, que están desapareciendo. No tenemos datos oficiales, pero podemos comprobarlo con nuestra cooperativa de carnes alternativas que en localidades donde les compraban a unos 20 productores de cerdos, ahora quedan solo tres.

- En las cifras agregadas parece que la producción no baja, ya que el gobierno exhibe cifras de producción porcina estables ¿cambia quienes los producen?

- Sí, cambia quien lo hace. En el caso de los cerdos se da la situación de que se están armando enormes criaderos, de mil madres, que son empresas que vienen e invierten. No son empresas familiares y en general participan de toda la cadena porque tienen la cría y el frigorífico. Eso desplaza a pequeños y medianos productores. Hoy el costo de producir un kilo de cerdo es de 35 pesos, y al productor le pagan 23 pesos. Con esos números es inviable. Además, los pequeños productores tampoco tienen a quién venderle su producción porque la cadena frigorífica se stockea y arma la comercialización con los grandes criaderos. El riesgo de este modelo económico es que el Estado está ausente en toda la cadena.

- Esto de alguna forma pone en crisis algo que había quedado eclipsado en la pelea por la resolución 125, que era la discusión de los distintos actores dentro de la misma cadena?

-Nosotros agotamos todas las instancias pidiéndole a este gobierno nacional y también al anterior, que en las mesas de competitividad o de diálogo que se abren y hay infinidades y casi sin resultados efectivos, estén sentados todos los actores. Para poner un caso. En la lechería si nos juntamos los productores, los industriales, los trabajadores, pero si no están los supermercados que son el último eslabón de la cadena y tienen la mayor tajada de la rentabilidad, el Estado debería estar presente para garantizar equilibrio. Si no el mercado juega para el más fuerte. Si al productor lechero le pagan 6 pesos el litro de leche, pero vale 25 pesos en la góndola, hay desequilibrio. Lo ideal sería que un tercio del precio del producto final vaya para cada uno de los eslabones de la cadena. Esto pasa en los países avanzados, donde las partes llegan a un acuerdo, se transparentan los costos y se llega a un precio que es menor para el consumidor. En Argentina no sucede y seguimos creyendo que el libre mercado va a regular los precios.

- ¿Cuáles son las acciones de movilización que viene realizando la FAA?

- Hicimos una serie de asambleas. Las distritales vienen en julio, que siempre son una tomada de pulso de las bases y nos orientan gremialmente. Hubo otras que fueron regionales motorizadas por la situación de emergencia por la sequía, pero también donde fuimos captando todo este deterioro de la economía de los pequeños productores por el impacto de las altas tasas de interés, las tarifas. Se hicieron en Pergamino, Arrecifes, en Laboulaye, Marcos Juárez, Casilda, Mendoza. En algunas economías regionales, como en el mes de marzo estaban en plena cosecha y volvía a repetir la historia de que a los productores les pagan realmente 2 pesos por la fruta (ciruela, durazno) y esto ni siquiera cubre los costos cuando año tras año en la verdulería estos productos valen cada vez más. Si hay algo que nos caracterizó en estos años fue sentarnos en los ámbitos. Este gobierno nos dio audiencias, nos recibió, pero después no hubo resultados en cuanto a respuestas concretas.