Semillas: germina otro proyecto

Contar con una nueva ley de semillas se ubica entre las prioridades de la cartera agropecuaria del gobierno nacional, aunque no es una preferencia exclusiva de esta gestión. En el gobierno anterior el tema también instalado, pero los requerimientos individuales de los distintos eslabones de la cadena semillera pesaron más y las propuestas se terminaron archivando.

El secretario de Agroindustria de la Nación, Luis Miguel Etchevehere, manifestó que "es momento de tener una ley de semillas" y según trascendió su equipo trabaja en los lineamientos de un proyecto de ley. Hace poco más de un mes al participar de la apertura del XXVI Congreso Sustentología de la Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa (Aapresid), dijo: "Necesitamos el marco institucional para fomentar el potencial que tenemos. Estoy seguro que si todos vemos la revolución que puede haber a partir de que tengamos este instrumento, vamos a lograr los consensos necesarios".

Si bien la Federación Agraria Argentina (FAA) también presentó su proyecto de ley, y existen otras propuestas con modificaciones parciales a la norma en vigencia, actualmente está ganando adeptos la iniciativa que impulsa la Cámara Argentina de Semilleros Multiplicadores (Casem) por tratarse de una que "contempla a todos los actores de la cadena" y busca el equilibrio entre las partes, según indicó la entidad.

El proyecto de ley de semillas y creaciones fitogenéticas de Casem ya ingresó a la Cámara de Diputados de la Nación bajo el número de expediente D-4473-2018 de la mano del diputado Luis Contigiani, quien también participó del grupo de trabajo del proyecto.

Sobre la importancia de desarrollar un marco jurídico nuevo para la cadena semillera, Contigiani puntualizó que hay que "dar certezas a cuestiones fundamentales como entender que la agricultura del presente y futuro sale del laboratorio". En ese sentido, señaló que "la Argentina no pude perder en el desarrollo de variedad, de germoplasma" y subrayó que "este concepto y estrategia de variedades es el que se debe fortalecer y cuidar desde un nuevo marco jurídico".

"La Argentina desde su aparato científico y tecnológico puede dar respuestas a los desafíos del cambio climático, los desafíos productivos y esto se hace promoviendo el desarrollo de variedades, de germoplasma. Los eventos no significan nada si no están en variedades fuertes y hay que cuidar este patrimonio genético del conocimiento argentino, expresado en las variedades de semillas", indicó quien fue ministro de Producción de Santa Fe. "En cada variedad hay más de 10 o 20 años de historia que tenemos que cuidar. El procedimiento biotecnológico no puede apropiarse de eso. Hay que delimitar cómo se protege la variedad, su desarrollo, y cómo proteger también a los eventos biotecnológicos", agregó, aunque aclaró que "lo que tiene que prevalecer es la variedad por sobre lo biotecnología".

Contigiani hizo hincapié en que "el uso propio le se reconoce a los agricultores porque hace 8 mil años atrás fueron los que empezaron el desarrollo de simientes. Los cruzamientos y la legislación le avalan esto por el aporte milenario" pero explicó que si bien "este derecho tiene que seguir consagrado en los marcos jurídicos, también tiene que ser adaptado a la nueva realidad de los sujetos agropecuarios".

Es por eso que dijo que en el proyecto de ley se plantean formas de diferenciación del derecho de uso propio, diferenciando el verdadero productor agropecuario de aquellas figuras comerciales que no son productores.

Además, indicó que en la iniciativa que promueve se incluye la figura del semillero multiplicador, que en la actual ley no se reconoce. "Esto es fundamental porque entre el usuario, el obtentor y el dueño del evento biotecnológico, el multiplicador cumple un rol fundamental en la transparencia", dijo y detalló que "el multiplicador es una figura que está basada en un entramado cooperativo de la pampa agrícola, asegura que no se concentre la cadena de semillas, también que el obtentor no tienda a generar su propia variedad y multiplicarla en forma directa".

El diputado santafesino que impulsa esta iniciativa junto a Casem, planteó que "es fundamental encontrar un equilibrio, teniendo en cuenta las pretensiones de algunas multinacionales como Monsanto", y por eso dijo que es clave declarar a la semilla como de "interés público", hecho que posibilita que se caigan automáticamente los contratos entre privados por el tema regalías, que actualmente están vigentes a instancias de la multinacional.

"Entendemos que el canon se debe pagar en la Bolsa. Y buscamos que las empresas nacionales de semillas recuperen la inversión y ganen plata. A los obtentores clásicos los está perjudicando el mercado ilegal de semillas y por eso necesitamos un Inase fuerte, no burocrático, sino federal y que incorpore nuevas tecnologías de control y fiscalización. También necesitamos una representación en Conase con todos los actores adentro. Y prepararnos para un futuro en donde podamos depender cada vez menos de herbicidas, ir más allá de los intereses productivos. Que la biotecnología nos permita solucionar otros problemas más allá de lo productivo", resumió.

Propuesta. Un grupo de técnicos y especialistas que integran la comisión interna de Casem elaboraron el proyecto de ley que fue presentado el martes pasado ante los miembros de la comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados por el ex presidente de la entidad, Raúl Pagnoni, y el asesor letrado de la cámara, Arturo Maderna.

Los alcances de la propuesta también fueron expuestos por Contigiani durante la última asamblea anual de la entidad.

La propuesta de Casem busca que se respeten los intereses de toda la cadena de simientes, en forma armónica y ordenada, para un funcionamiento virtuoso de la misma y que la ley se constituya en el marco esencial para que se ordenen el uso de los eventos biotecnológicos, la genética y otras tecnologías aplicadas a la producción de semillas. "El proyecto que presentamos es innovador, ya que abarca a todos los actores de la cadena de semillas, abriendo ventanas a un desarrollo futuro de la moderna biotecnología incorporada a la simiente vegetal", subrayó el ex presidente de la entidad que nuclea a los semilleros multiplicadores.

Uno de las controversias en torno a la actual legislación es que la propiedad intelectual de las construcciones genéticas no está regida por la ley de semillas, sino por la ley de patentes. Mediante esta última norma, quien incorpora un transgen a cualquier variedad vegetal puede impedir que el agricultor ejerza el derecho al uso propio, y que el mejorador utilice libremente un vegetal transgénico para sus investigaciones.

Durante la presentación en el Congreso, Pagnoni explicó que se trata de un proyecto que la entidad viene desarrollando y perfeccionando desde el 2007. "El proyecto que presentamos es innovador y contempla a todos los sectores que integran el sistema de producción de semillas en nuestro país, abriendo ventanas a un desarrollo futuro. Empresas que desarrollan biotecnología, criaderos, semilleros multiplicadores, comercio, usuarios, técnicos (ingenieros agrónomos) y el Inase como único ente de fiscalización y control del sistemas", detalló el presidente de Casem ante los asistentes a la presentación.

Desde la cámara dejaron en claro: "No adherimos a la presencia de terceros controladores que solo entorpecen el funcionamiento del sistema y agregan costos extras al costo de la semilla".

"Planteamos que la ley sea imperiosamente de orden público, para salvaguardar el funcionamiento, ya que la semilla la consideramos un bien estratégico nacional", subrayó Pagnoni.

El titular de la cámara explicó que Casem no adhiere al uso "oneroso e ilimitado ya que sólo beneficia a un sector, en detrimento de toda la cadena".

En contraposición, desde la entidad se propuso que debe existir un uso propio gratuito limitado a las micropymes y quien supere este límite deberá adquirir semilla legal todos los años. "El proyecto que presentamos tiende a lograr un desarrollo armónico de todos los integrantes de la cadena. Mayor desarrollo biotecnológico, mejor funcionamiento de los criaderos, reconocimiento de la importancia de los semilleros multiplicadores, libertad al comercio, calidad para el usuario, reconocimiento a los técnicos motores del sistema y capacidad de acción al Estado", puntualizó Pagnoni.

El asesor legal de Casem explicó que debe considerarse a la ley como de "orden público, estableciéndose en forma expresa, la irrenunciabilidad de los derechos allí previstos, como forma de evitar la existencia en paralelo, de acuerdos privados que desconozcan los alcances y efectos de la ley".

Además, Maderna agregó que se busca que el Instituto Nacional de Semillas (Inase) sea el único organismo autorizado para fiscalizar y regular el mercado de semillas, pudiendo establecer convenios de colaboración para las tareas de fiscalización o control, con colegios profesionales de ingenieros agrónomos.

"El Inase debe ser el único organismo en llevar adelante la política nacional en semilla y único organismo con poder de policía. Propulsamos desde Casem una mayor democratización y federalización de los representantes de la cadena semillera en Inase y Conase", indicó.

Por otra parte, explicaron desde la cámara que nuclea a los semilleros multiplicadores que se propone la creación del registro de eventos biotecnológicos y de empresas generadoras de eventos biotecnológicos aplicados a los vegetales, registro de empresas ligadas a la producción a través del sistema de propagación agámica y registro de usuarios autorizados para hacer uso propio gratuito.

También subrayaron desde Casem que la bolsa de semilla debe ser "el único medio de retribución económica".

En ese sentido, consideraron que las regalías deben comenzar y terminar en la semilla. "El pago de la regalía al obtentor debe contemplar un criterio de integralidad, es decir que incluya el pago del germoplasma y el aporte de biotecnología que contenga la variedad, previo a su comercialización", apuntaron.

Asimismo, los empresaios nucleados en Casem ratificaron el Sistema del Derecho del Obtentor Vegetal y Upov 78, como el más adecuado para la protección de las innovaciones vegetales y como el único sistema de propiedad intelectual a la ley de variedades.