El Consejo Agroindustrial pedirá una audiencia al presidente Alberto Fernández

Las entidades que integran el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) pidieron una audiencia con el presidente Alberto Fernández para tratar de encauzar las negociaciones que permitan reabrir las exportaciones de carne. Al mismo tiempo, buscan reactivar la agenda de trabajo sobre el proyecto de ley para promover el desarrollo del sector.

El consejo, que agrupa a más de 50 cámaras de distintas cadenas de valor, expresó su preocupación por el impasse en el que entró el diálogo con el gobierno nacional, luego de más de un año de trabajo conjunto. El presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, José Martins, que actúa como vocero del nucleamiento, se mostró preocupado por el “empantanamiento” de las conversaciones que, recordó, dieron buenos resultados para desactivar conflictos en trigo y maíz.

El directivo admitió que en el caso de la mesa sectorial de la carne, creada para atender la tensión entre el aumento de las exportaciones y el aumento del precio en el mercado interno, los acuerdos alcanzados para garantizar el abastecimiento de cortes populares a precios populares “no alcanzaron” para evitar el cierre de las ventas al exterior.

En ese sentido, señaló que el pedido de audiencia con Fernández es un “llamado de atención” para que el "ida y vuelta” que mantienen con funcionarios del gobierno nacional “sea más activo”.

“Nuestra expectativa es que el plazo de 30 días de suspensión de exportaciones se acorte”, señaló Daniel Urcía, titular de Fifra. Pero Martins se mostró preocupado porque “pasó tiempo y no hubo señales de abrir un espacio de diálogo”.

El gobierno nacional cerró hace poco más de una semana las exportaciones de carne, con la intención de forzar una negociación para ampliar la oferta de cortes a precios populares en el mercado interno, desacoplados de los valores del mercado externo. Mientras la mesa de enlace agropecuaria contestó con un cese de comercialización, que se extendió hasta el final de este martes, los frigoríficos nucleados en el consorcio ABC, que integran el Consejo Agroindustrial, iniciaron negociaciones con el gobierno.

Sin embargo, tras una última reunión a fines de la semana pasada, no hubo más contactos formales. Se habla de negociaciones sobre aumentos de retenciones, cupos o prohibición de exportar de ciertos cortes de carne. Pero el diálogo está en un impasse.

En ese punto, el plenario del consejo se reunió ayer y este martes convocó a una conferencia de prensa para exponer públicamente su pedido de audiencia a Fernández.

En los últimos días, el gobierno denunció y dio de baja a más de una decena de operadores del sector por presuntas maniobras fraudulentas de exportación. Desde el Consejo Agroindustrial expresaron su acuerdo con las medidas al señalar que no van a avalar maniobras ilícitas o de evasión en el negocio de las carnes. Al mismo tiempo, reiteraron que el cierre de exportaciones de carne no servirá para bajar el precio en el mercado interno y que, por el contrario, afectará la producción.

Martins explicó que el consejo considera que la inflación es un fenómeno macroeconómico que no se limita a un producto, como la carne, aunque ratificó que las entidades que integran el nucleamiento entienden “la complejidad del momento actual”, con la pandemia y la crisis social, que requiere colaboración y acuerdo urgente con los partidos políticos, las entidades empresarias y el movimiento sindical.

Alfredo Paseyro repasó el estado de las negociaciones para avanzar con el proyecto de ley agroindustrial, que busca crear 700 mil puestos de trabajo a partir del desarrollo de la economía agroindustrial. La iniciativa fue valorada por los máximos referentes del oficialismo y la oposición, y el propio Fernández dijo que la enviaría al Congreso cuando inauguró el período de sesiones ordinarias. “Sin embargo, y aunque hablamos con los funcionarios de Economía día por medio, el impulso de esa iniciativa se frenó, a pesar de que los aspectos técnicos estaban prácticamente cerrados”.

El proyecto de ley agroindustrial promueve estabilidad fiscal e incentivos para la inversión, con la premisa de que no genere costos fiscales para el Estado. “Incluso en el marco de la pandemia dejamos a un costado la discusión por la retenciones, pero aun así el proceso se frenó”, señaló Martins, quien subrayó la voluntad de diálogo.