Massa anunció una mesa de trabajo por la sequía

El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció la creación de una mesa de trabajo para evaluar alternativas frente a la situación de sequía que afecta al sector agropecuario. Lo dijo durante un acto en el que confirmó la puesta en marcha de un esquema de subsidios directos de hasta $ 20.000 por hectárea a pequeños y medianos productores de soja y maíz para financiar parte de la compra de semillas y fertilizantes.

Desde la localidad bonaerense de General Las Heras, Massa señaló el golpe asestado por una sequía única, con tres años de volúmenes de agua menores a los habituales, que pone en riesgo el trigo, el maíz y la carne”.

Ante este contexto, el ministro instruyó al secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, para que arme de una mesa con las entidades, con el INTA, con los sectores de comercialización para ver “cuáles son las mejores medidas” para responder a la emergencia.

Bahillo dijo que el gobierno se encuentra analizando alternativas para atender las realidades de sectores como el tambero, el ganadero y las economías regionales ante las prolongadas sequías.

El funcionario hizo hincapié en el sector ganadero bovino, y afirmó que “el ministro me indicó que le acerque una propuesta que tenga que ver con paliar la situación perjudicial que están pasando los productores porque se juntaron la baja de precios internacionales, una merma en el consumo por sustitución de otras carnes, y la sequía”.

“Eso se ve reflejado en el precio, que desde abril hasta el 30 de septiembre el kilo vivo tuvo un incremento del 1,2%”, agregó Bahillo.

Recorte oficial

El funcionario participó el miércoles de un informe sobre perspectivas 2022/23 realizado por la Secretaría y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

La nueva proyección ubica la actual campaña de trigo seis millones de toneladas por debajo del ciclo anterior, cuando se obtuvieron poco más de 22 millones de toneladas.

“Estamos viviendo una situación particularmente tensa y critica en cuanto al tercer año consecutivo en cuanto a la restricción de humedad y anomalías en el régimen de lluvias, lo cual impacta en el estado de los cultivos y proyección de los mismos”, dijo Bahillo.

Si bien no consideró a la situación como una “catástrofe”, remarcó que es para “seguir y atender” y que “hay que en conjunto con otros sectores, seguir evaluando el daño y el perjuicio para ver qué medida podemos tomar, porque nada reemplaza a la lluvia”.

“No descartamos ninguna medida; será nuestra obligación y responsabilidad acompañar y ayudar al sector productivo a transitar esta circunstancia desfavorable”, sostuvo el funcionario.

Por otro lado, aseguró que “por ahora podemos dar respuesta a la demanda del sector externo y doméstico” con el volumen esperado. Informó que el sector exportador solicitó al gobierno “autorizar una prórroga en los embarques, cuestión que vemos factible”.

Distintas zonas del país atraviesan prolongadas sequías. De acuerdo a un trabajo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el área seca se incrementó en cerca de 10 millones de hectáreas a nivel país durante agosto.

En ese sentido, recientemente la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) recortó su previsión de cosecha de 16,5 a 15 millones de toneladas, con p erspectivas de mayores bajas. Mientras tanto, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA) la redujo en su informe semanal de 16,5 millones a 15,2 millones de toneladas.

En tanto, días atrás el presidente de la Cámara de la Industria de la Carne (Ciccra), Miguel Schiariti, destacó el impacto de la sequía en la ganadería. “Los precios no se mueven producto de una constante oferta y de la necesidad del productor de salir de los campos con la hacienda”, explicó.

Santa Fe y la emergencia

En este marco, el gobierno de Santa Fe solicitó ayer la sanción del proyecto de nueva ley de emergencia agropecuaria que envió al Senado.

La secretaria de Agroalimentos, María Eugenia Carrizo, consideró que la iniciativa permitirá “generar respuestas concretas y previsibilidad en los sistemas productivos santafesinos”.

Según la provincia, l la ley en vigencia son que actúa luego de los eventos y que tiene como beneficiarios solo a los propietarios de la tierra. Es decir, deja de lado a los arrendatarios, que cubren el 70% de las explotaciones santafesinas. “La provincia tuvo 12 millones de hectáreas declaradas este año en emergencia y desastre por la ley vigente, y se presentaron sólo 1.750 declaraciones juradas por 700.000 hectáreas, el 5,8%”, explicó.