La actual ley 27.640 que aprobó el marco regulatorio de biocombustibles nacional, aún teniendo diferencias con la misma, es clave y estratégica para el desarrollo nacional sustentable, la reducción o reemplazo de los combustibles fósiles para combatir el cambio climático y cumplir con los compromisos internacionales en esta temática.
La ley de biocombustibles es clave para el desarrollo
Además permite un desarrollo federal y productivo sostenible en varias provincias del país. Muchas pymes y mucho empleo genuino.
Por ejemplo, en el 2023 fui parte de la propuesta técnica que se propuso explorar el aumento del “corte” obligatorio de la nafta con bioetanol del 12 % al 15 % y a mediano plazo al 22 %. Transición verde, bioetanol y la burlanda suficiente como subproducto de alta proteína para el desarrollo ganadero regional.
Queríamos hacer otra ACA Bío como la que está radicada en la ciudad de Villa María, Córdoba. Una inversión que se realizó a través de los créditos del Bicentenario y con inversión propia de las cooperativas. Más de 60 cooperativas integradas en todo el país para producir bioetanol de su propio maíz.
Proponíamos hacer una segunda integración de cooperativas agropecuarias en el interior, para la producción de bioetanol, derivados como la burlanda y potenciar el desarrollo ganadero, especialmente en las zonas tamberas.
De esa manera se dejaría de mandar maíz en grano a los puertos y se agregaría valor en origen. Se aumentaría el empleo y las inversiones.
Pero algo muy importante ocurriría. Se reducirían las emisiones GEI, que considerando el consumo total de bioetanol del 2021, se estimó en 1,3 millones tn CO2 eq. para un corte del 12%. El aumento en el corte al 15% aumentaría la reducción de emisiones alcanzando 1,7 millones tn CO2 eq. de reducción total, que equivaldría evitar la emisión de aproximadamente 700 mil vehículos del parque automotor naftero.
Otro ejemplo de la importancia estratégica de la ley actual es la provincia de Santa Fe. Gracias a la ley de biocombustible Santa Fe se ha convertido en una provincia petrolera pero de biodiesel y de matriz pyme. Líder en la producción y exportación de biodisel a partir de la aceite de soja, un cultivo que en la provincia es muy importante tanto en la producción primaria como en la capacidad industrial de procesamiento.
Si, pymes que gracias a la buena regulación de la ley, permitió mediante cupos y regulación de precios (que muchas veces perjudicaba a las mismas empresas bio, nunca a las petroleras) armar un mercado interno de producción y comercialización en base a Pymes innovadoras e integradas a las cadenas de valor.
A su vez si consideramos el actual artículo 16 de la ley 27.640 que dice: “De manera complementaria al corte obligatorio que se encontrare vigente, y cuando las condiciones del mercado lo permitan, la autoridad de aplicación arbitrará los medios necesarios para sustituir la importación de combustibles fósiles con biocombustibles, con el objeto de evitar la salida de divisas, promover inversiones para la industrialización de materia prima nacional y alentar la generación de empleo”; nos permitiría desde una visión desarrollista y productiva ampliar los cortes y reducir de esa manera las importaciones, la salida de dólares y generar ahorro de divisas. Además de poder exportar mayor volúmenes de biocombustibles. Claro, la sustitución de importaciones es un punto “sensible” para las petroleras.
Es por todo estos argumentos que considero que bajo ningún punto de vista se puede apoyar la reforma a la ley de biocombustibles que propicia el actual gobierno nacional, en el marco de las leyes que se quieren modificar por vía de la ley ómnibus.
Este gobierno, que es funcional al poder económico concentrado, quiere desguazar la ley de biocombustibles para darles a las petroleras todo el dominio del negocio, por ejemplo desregulando los precios internos, permitiendo meterse en el negocio de producción propia de biocombustibles para mercado interno (hoy no se permite), el cual hace de la ley un instrumento dependiente de las mismas y por lo tanto provoca un retroceso gravísimo para el desarrollo nacional, para las pymes, para la transición verde, para las provincias y el federalismo.
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Está claro que los intereses petroleros juegan siempre y en todos los gobiernos, sean empresas nacionales o internacionales. Pero en ese punto la política con vocación nacional se debe imponer para defender y desarrollar el interés de la Nación y no de 3 o 4 petroleras, aliadas todas al negocio concentrado y la repatriación de capitales. Por todo esto desde la región centro debemos decir con toda claridad “No a la modificación de la ley de biocombustibles”.