El resurgimiento de protestas en defensa de las economías regionales o tractorazos para hacer sentir las demandas, como las que vienen protagonizando productores yerbateros, surge como una nueva dinámica de resistencia que comenzaron a explorar las entidades que representan a los pequeños y medianos productores, que se sienten afectados por las políticas del gobierno de Javier Milei. “Creemos que ese es el camino fortalecer”, dijo el titular de Bases Federadas y ex presidente de Federación Agraria Argentina, Omar Príncipe. También destacó que esa salida “es colectiva”, por eso desde la entidad comenzaron a participar de multisectoriales, junto a entidades del comercio y la industria pyme y el cooperativismo, al entender que desde esos espacios pueden construir políticas “superadoras” y contra “el modelo agrario que quieren imponer, donde unos pocos tengan acceso a la tierra y los bienes”, sintetizó.
Los productores más chicos arman su agenda de protesta
En alerta. "Habrá cada vez más protestas identificadas con determinadas producciones", dijo Príncipe.
Príncipe dijo que los pequeños productores "ahora tenemos menos rentabilidad que antes de la devaluación".
Otro agro. La Mesa Agroalimentaria, en una marcha en Buenos Aires en diciembre.
El dirigente además recordó que más allá de que una parte del campo celebraba las ventajas de una modificación del tipo de cambio, que llegó con el nuevo gobierno, “los pequeños y medianos productores estamos peor que antes de la devaluación”, dijo al detallar el alto nivel de endeudamiento en dólares que complica seriamente su rentabilidad.
- ¿Cuál es el planteo que le llevaron como Mesa Agroalimentaria tanto al plenario de comisiones previo al tratamiento de la ley ómnibus como a los legisladores?
- Fuimos como Mesa Agroalimentaria, que conformamos la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), la Federación de Cooperativas Federadas (Fecofe), la Federación de Organizaciones Nucleadas de la Agricultura Familiar (Fonaf) y Bases Federadas y el MNCI-ST al plenario de comisiones y también dialogamos con el bloque que lidera Miguel Pichetto (Hacemos Coalición Federal) y el de Unión por la Patria. De todos modos, apenas salió el DNU y el proyecto de ley ómnibus sacamos un documento público en donde planteábamos que era totalmente antirrepublicano y poco democrático porque no sólo tenía impacto en el sector agrario, sino que busca instalar un modelo de país distinto. Como Mesa manifestamos la disidencia principalmente por cambios en la ley de tierras. Es inaceptable. Nadie habla de la concentración de tierra en Argentina. Hay más de 12 millones de hectáreas de tierras extranjerizadas, es el 6% del territorio del país y en algunas provincias, como en Salta, supera el 12%. A muchos les parece poco poner límites a esa extranjerización que, además tiene nombres propios como Tompkins o Lewis en el sur. Es muy grave que tengan esa cantidad de hectáreas con recursos naturales que pertenecen a los argentinos. Pero además, se busca fortalecer un modelo para que pocos tengan acceso a la tierra. Esta ley favorece a Eduardo Elsztain, dueño del Hotel Libertador donde pasó seis meses el presidente de la Nación, que es propietario de 250.000 hectáreas agrícolas en Argentina a través de Cresud. Además, posee 800 mil hectáreas de bosque en el país. Esa compañía, con 250 mil hectáreas emplea a 260 trabajadores rurales, es la misma superficie que tiene el departamento Iriondo en Santa Fe donde se desarrollan 17 localidades, 3.000 productores, hay 65 mil habitantes, infinidad de pymes, industrias y trabajadores. Son dos modelos antagónicos.
-¿Hay una convergencia por el tipo de reclamos comunes con entidades que antes tenían diferencias?
-Federación Agraria Argentina (FAA) y Coninagro tienen algunas posturas con las que coincidimos y otras no. Coninagro está acompañando la adhesión de Argentina a Upov 91. Creemos que eso es cambiar el corazón de una ley de semillas sin un debate que llevó muchos años de discusiones. Argentina no debería adherir a eso y dejar en manos de algunas empresas el poder absoluto de toda la cadena comercial de granos, que ya lo tienen. Es una pérdida de derechos, porque los productores en Argentina desde siempre tenemos derecho de uso propio de la semilla. En cambio, consideramos que el Instituto Nacional de Semillas (Inase) debería fiscalizar la bolsa blanca y ver que aquellos que comercialicen una semilla le paguen al instituto para financiar la investigación y el desarrollo. Además, es falso que estamos atrasados en tecnológicamente. No está demostrado.
-Gran parte de las medidas que impulsa el gobierno, como el caso del Instituto de Yerba Mate o la privatización del Banco Nación, son parecidas a las de los años 90, cuando FAA peleaba por eso.
- Cuando fuimos al debate en comisión al Congreso lo planteamos. Dijimos que esto ya lo vivimos en la década del 90. El corrimiento del Estado y que el libre mercado venga a regir la economía. Recordemos que generó la desaparición de 100 mil productores en Argentina. Esa etapa ya la vivimos. Y desde la FAA planteamos en ese momento la no privatización de Banco Nación. Entonces había millones de hectáreas hipotecadas, y si hubiese estado privatizado, se habrían ejecutado.
-¿Ves preocupación en entidades que forman la Mesa de Enlace, por este recorte de derechos al sector que representan?
-No sé si están preocupados. O si lo están, no se nota. Nosotros desde Bases Federadas y muchos dirigentes y cooperativas que supimos integrar la FAA y ahora estamos en un espacio de resistencia, planteamos un modelo agrario distinto al de otras organizaciones. Cuando la FAA deja de tener una agenda propia y pasa a tener la de la mesa de enlace, hubo un quiebre. Nosotros siempre dijimos que la mesa de enlace se convirtió en un brazo político de Juntos por el Cambio. Creo que temas como la ley de tierras, la adhesión a Upov 91 o el intento de privatizar el Banco Nación merecía alguna acción o protesta gremial concreta. No la vimos. Humildemente, desde Bases Federadas en la Mesa Agroalimentaria salimos a tomar posición a través de un documento público, pero también empezamos a compartir y a plantear las multisectoriales en Buenos Aires y Rosario. Nos hemos reunido con las dos CTA, con la CGT. Creemos que la salida es colectiva. Hay que resistir este cambio de país que pretende imponer este gobierno. Hay que hacerlo junto con los trabajadores, las pymes, las industrias, los comercios y los pequeños y medianos productores, como fue en la década del 90. Tenemos que estar en la calle, acompañando y poniendo esa la agenda.
-¿Ese es un poco el camino que emprenden en esta etapa de lucha, la participación en las multisectoriales? ¿Cómo funciona eso en Rosario?
- Sí. Estamos participando y creemos que es el camino a fortalecer. No sólo es nuestra agenda respecto de la ley de tierras o el Banco Nación, sino también hay muchas otras cosas como la intención de privatizar Aerolíneas Argentinas y otras empresas estatales, la venta de los medios de comunicación públicos. Ahí hay que estar. No es solo una cuestión sectorial, sino ir contra un nuevo modelo de país. Además de dar pelea y resistencia, también es clave la construcción de una nueva propuesta que sea superadora y que les haga ver a los ciudadanos argentinos que el camino no es sin Estado. Y que el libre mercado y los CEOs de las empresas no van a venir a favorecer a la mayoría de los argentinos. Que el camino es un Estado, por supuesto eficiente, con equilibrio. Los pequeños productores, las pymes y los trabajadores necesitamos un Estado que esté presente en el momento que lo necesitamos y que regule, como se hace en el resto del mundo. Porque, además, es falso que en el resto del mundo el Estado no está presente. Un ejemplo claro son los agricultores en Europa que están pidiendo que el Estado los cuide de acuerdos como el de la UE con el Mercosur.
-Durante años la discusión sobre las políticas agropecuarias se centraron en las retenciones. Sin embargo, en el poco tiempo del gobierno de Milei se dieron tractorazos y reclamos de economías regionales ¿Se viene otro tipo de agenda de protesta en el sector de pequeños y medianos productores?
-Sí, creo que sí. Porque muchas veces se habla de economías regionales pero nunca sabemos qué son. Se dice que el maní lo es y yo creo que no, pero es una discusión más grande. La yerba mate, la vitivinicultura, las peras y manzanas, son economías regionales. También la producción de cerdos como carne lo es, y está desapareciendo. En los últimos años y con el gobierno anterior de Alberto Fernández también se dio un proceso de desaparición. También ocurrió algo similar con los tambos. Son dos producciones que estaban en manos de pequeños y medianos productores, que dan valor agregado, que además industrializan y pueden acompañar al desarrollo del local y territorial y están desapareciendo. Se está desplazando a pequeños y medianos productores en manos de grandes corporaciones. En la producción de cerdos es increíble la cantidad de productores que cayeron en estos últimos 10 años. En en cada pueblo donde había 30 o 40 productores de cerdo quedaron 3 o 4. Eso se dio en un contexto en el que no hubo caída de la producción o sea hubo un cambio de manos. Por eso creo que cada vez va habrá más protestas identificadas con determinadas producciones y economías y también hubo un salto vacío con las medidas de Milei.
-El agro espera una super cosecha tras superar la sequía ¿Cómo impacta esto en los pequeños y medianos productores que representa Bases Federadas?
-Como siempre dijimos, el campo no es hegemónico. Continúa vigente la proporción 80/20, es decir la gran producción de granos en Argentina está en muy pocas manos, en esas 13.000 empresas que producen el 80% de los granos. La cosecha viene, más allá de algunas zonas donde la sequía no se cortó. Es preocupante el calor y su impacto en la soja de segunda. Hay una luz amarilla. Esperemos que vengan lluvias para cortar ese proceso. Si no llueve va a haber alguna pérdida. Pero lo que sí hay es un gran nivel de endeudamiento en pequeños y medianos productores. Venimos de dos años de sequía, y quedaron muchos productores endeudados en dólares. Ahora tenemos menos rentabilidad que antes de la devaluación. La soja antes de la devaluación estaba en $220 mil la tonelada por efecto del dólar soja, que hacía que no se liquidara al tipo de cambio oficial sino más alto. Con la devaluación, la soja se fue a $265 mil o ahora $ 255 mil. Es decir, el aumento fue 40 o 50%, pero la deuda en dólares de muchos productores pasó de un tipo de cambio de $350 a más de $800, o sea más de 120%. Claramente hay una rentabilidad mucho menor. Todos los insumos en dólares que estamos comprando para esta cosecha (herbicidas, fungicidas, etc) además de dólar oficial hay que agregarle el impuesto País, así que se va más de $940 por dólar. De modo que estamos pagando nuestros insumos con un dólar de $900 y cobramos la soja a uno de $800. Pero además, todos los servicios aumentaron un 100%. El armado de un rollo de pasto para las vacas antes de la devaluación estaba a $10.000 y ahora está a $21.000 más o menos, varía según las zonas. También subió la nafta, el gasoil. No todo es color de rosa para los productores agropecuarios, especialmente para los pequeños con la devaluación. Aquellos que creían que Milei venía para favorecer al sector agropecuario se equivocaron. Además pretende poner más retenciones. Nosotros tenemos una postura histórica de retenciones segmentadas por escala y también por el valor agregado.