El gobernador Omar Perotti presentó el proyecto de ley para crear un nuevo sistema provincial de gestión de riesgo de emergencia y desastre agropecuarias. La iniciativa, que será enviada a la Legislatura, busca reemplazar a la actual ley de emergencia, que rige desde hace 27 años. El objetivo es adaptarla a los cambios del sector y focalizar en la prevención, la recomposición de capital de trabajo y la sustentabilidad. Entre otras cosas, extiende los beneficios a los arrendatarios y crea un fondo de emergencia que, en principio, arrancaría con unos $ 1.400 millones.
Santa Fe: buscan modernizar la emergencia agropecuaria
El gobernador Omar Perotti presentó el proyecto de ley para crear un nuevo sistema provincial de gestión de riesgo que busca reemplazar la normativa vigente.
3 de agosto 2022 · 06:00hs
Los departamentos ubicados en el centro-norte provincial, principalmente Constitución, fueron los más afectados por la sequía.
Perotti presentó este martes el proyecto de ley para la creación del nuevo Sistema Provincial de Gestión Integral de Riesgos de Emergencias y Desastres Agropecuarios.
En enero de este año, el ministro de Producción, Daniel Costamagna, había anticipado a este diario la reforma que se impulsaba a la ley de emergencia agropecuaria. Finalmente, el gobernador presentó ayer la nueva herramienta ante representantes del sector.
El proyecto crea el Sistema Provincial de Gestión Integral de Riesgos de Emergencias y Desastres Agropecuarios. Un cambio fundamental respecto de la normativa en vigencia es la inclusión en el régimen de asistencia a los arrendatarios. “La ley actual contempla los beneficios para los titulares de la tierra, y hoy el 70% de la actividad se hace sobre tierras arrendadas”, subrayó Perotti.
Costamagna subrayó ayer que la reforma al sistema de emergencia busca que los recursos destinados a atender estas situaciones pasen de ser un gasto a una inversión.
Los beneficios fiscales incluyen la condonación o prórrogas del impuesto inmobiliario rural, e incorporan condonación o prórrogas de la patente de un vehículo afectado a la actividad agropecuaria.
También prevé la asistencia financiera. Y para ello se constituirá un fondo provincial, integrado con el 40% del impuesto inmobiliario rural, luego de la coparticipación a municipios y comunas. Se ofrecerá:
- Financiamiento para la realización de inversiones destinadas a la prevención de la ocurrencia de eventos
- adversos.
- Financiamiento para recomponer el capital de trabajo afectado.
- Desarrollo y fomento de adopción de coberturas para disminuir los riesgos de sequías e inundaciones.
- Subsidio de primas de seguros agropecuarios destinado a pequeños y medianos productores que permitirá darle acceso a este tipo de herramientas.
Este fondo se canalizará a través de las agencias y asociaciones para el desarrollo, cuyo anclaje territorial ya permite volcar créditos rápidos por mil millones de pesos a distintas regiones productivas de la provincia.
En este punto, Costamagna destacó que este modelo de organización territorial, que permite brindar respuestas rápidas en situaciones de crisis, “no es muy frecuente en otras provincias y en Santa Fe da muy buenos resultados”. De hecho, el sistema, que tiene un recupero superior al 90%, trabaja con la conformación de fondos rotarios.
La secretaria de Agroalimentos de la provincia, María Eugenia Carrizo, remarcó que “si bien el Estado acompaña al sector una vez que sucede un fenómeno como una sequía o una inundación, proponemos que también lo haga con los productores que toman diferentes acciones a lo largo de cada ciclo productivo, tanto en la prevención y en la recomposición de trabajo, para contemplarlos con determinados beneficios.
El proyecto prevé la creación de red de estaciones agrometeorológicas para brindar información oficial, calificada, confiable y de fácil acceso para el Estado y para los actores del sector agropecuario.
También se generará una red de extensionistas para la promoción de políticas de gestión integral de riesgos de emergencia y/o desastre agropecuario.
Consenso
La iniciativa fue elaborada por el Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología, con el consenso de entidades intermedias del sector productivo, como SRA, Carsfe, Coninagro, Federación Agraria, Meprolsafe, AFA, las Bolsas de Comercio de Santa Fe y Rosario, Aapresid, el Colegio de Médicos Veterinarios y Agrónomos, Inta y Senasa.
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